Puigdemont convierte su veto en el eje de campaña de JpC

Con el gobierno de Quim Torra y la mayoría independentista del Parlament instalados en una parálisis mal disimulada a base de retórica y el espacio posconvergente esforzándose por tapar vías de agua, apaciguar -o aparentarlo- sus guerras intestinas y salvar los muebles en la oleada de citas electorales de esta primavera, Junts per Catalunya (JpC) ha encontrado gasolina electoral en la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de la candidatura de la formación independentista al Parlamento Europeo.

El problema de JpC es de relato. A diferencia de ERC, la formación puigdemontista se resiste a asumir un giro en clave pragmática y admitir abiertamente la imposibilidad de la vía unilateral ensayada con resultados desastrosos en octubre de 2017, y eso, a estas alturas de la película, dificulta todavía más la articulación de una oferta electoral creíble más allá de los planteamientos resistencialistas y la continua reivindicación del derecho de autodeterminación.

Así las cosas, aún tiene más motivos la formación para hacer casus belli del veto a Puigdemont, Comín y Ponsatí y convertir ese pulso con la JEC en eje de la campaña que arranca la semana que viene, aprovechando además que la decisión abrió una brecha en la junta, porque hubo cuatro votos particulares, incluidos los del presidente y el vicepresidente, contrarios a la exclusión de los tres candidatos.

Batería de recursos

De momento, ya marca la precampaña: JpC, ERC, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han convocado conjuntamente una concentración en Barcelona frente a la delegación del Gobierno en Cataluña y también en otras ciudades catalanas. Y este jueves, apurando las 48 horas de las que disponía, JpC presentó no uno, sino una batería de recursos.

Uno, a la sala tercera del Tribunal Supremo (TS), que es donde entiende JpC que toca hacerlo en virtud de la ley electoral, otro, a un juzgado de lo contencioso administrativo, porque ahí es donde dice la JEC que hay que presentarlo, y un tercero a la propia junta para que sea ella misma la que lo dirija a la instancia que considere pertinente, según explicó el diputado puigdemontista Josep Costa, que insistió en calificar el veto a Puigdemont de «arbitrario», «contradictorio», «ilegal» y «falto de cualquier fundamento jurídico».

Sea el juzgado o el Supremo quien asuma el recurso, tendría que resolver en 48 horas. Y, en caso de que no comprara los argumentos de JpC, la formación reclama que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, siempre según el equipo legal de Puigdemont, debería dictar como medida cautelar voler a incluir en las listas a los tres candidatos vetados. Y, si todo esto saliera mal, JpC recurriría al Constitucional y, en última instancia, entonces sí, a Luxemburgo.

Misión imposible en Europa

Horas antes de la presentación del recurso, Puigdemont, que tachó a la JEC de «junta electoral inquisitorial», daba a su vez el pistoletazo de salida a una iniciativa encaminada a un objetivo imposible: que la Unión Europea (UE) retire el derecho de voto a España en el Consejo. Se trata de reclamar la aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa, que prevé ese castigo para países que se determine que han vulnerado valores básicos de la Unión. Es decir, los de «respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de personas pertenecientes a minorías», según reza el artículo 2 del tratado.

La vía para intentar ese castigo al gobierno español es plantear una iniciativa ciudadana europea, que Puigdemont, como máximo responsable del llamado consejo de la república, presentó de la mano de Comín, Ponsatí, el también exconseller Lluís Puig y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.

Si la solicitud para iniciar el procedimiento es admitida, algo que no es automático, sus impulsores tendrían un año para recoger un millón de firmas que la avalara. Y solo si los consiguieran el Consejo de Europa podría en última instancia suspender algunos derechos del país en cuestión, como el de voto. Claro que antes el mismo consejo debería determinar por unanimidad que este está incurriendo en una «violación grave y persistente» de los valores europeos. No es que lograr eso no parezca fácil, es que se antoja misión para Tom Cruise.

Sin guión claro

Claro que igual se trata menos de conseguirlo que de sacudir el avispero electoral y movilizar a la parroquia. De tener algo que vender antes del 26-M, vaya. Total, parece difícil buscar concreciones sobre otros asuntos.

Por ejemplo, sobre el papel a jugar ahora con un Pedro Sánchez que ha ganado margen de maniobra y que ahora necesita bastante menos que la legislatura pasada a los independentistas, aunque estos hayan ganado peso en el Congreso. Puigdemont, en una comparecencia conjunta con Torra tras la reunión mantenida entre ambos en Waterloo, se limitó a reiterar que los suyos no extenderán «cheques en blanco» y a alegar la pelota está en el tejado de Sánchez y que espera que esté dispuesto a hablar con todos, también con JpC.

La misma ambivalencia vale para la posición de los neoconvergentes sobre la nueva hoja de ruta independentista difundida por la ANC, que, en caso de sentencia condenatoria en el juicio del procés que se sigue en el Supremo, aboga, en modo bucle, convocar unas elecciones prebiscitarias y por una nueva declaración unilateral de indepdendencia en caso de que los votos secesionistas superen el 50%. Preguntado por el asunto, Torra se limitó a lo de siempre: en caso de condena, elevará al Parlament una propuesta «democrática» y «basada en el derecho de autodeterminación», sin más concreción. 

Descartado un guión claro, al puigdemontismo le queda la batalla contra la JEC. Y, si por una de esas, ganara, un triunfo que exhibir. Si fuera antes del 26-M, miel sobre hojuelas.