El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante una reunión del gobierno catalán
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Puigdemont y la ANC comienzan una recogida de firmas para retirar el derecho al voto de España en el Consejo Europeo

Barcelona, 01 de mayo de 2019 (20:30 CET)

Carles Puigdemont ya prepara su venganza. Le sobran los motivos, pero los más importantes para mencionar ahora algunos irían desde la aplicación del artículo 155 en Cataluña hasta, más recientemente, la decisión de la Junta Electoral Central de dejarle fuera de las elecciones europeas, así como a Toni Comín y Clara Ponsatí.

Con toda tranquilidad en su residencia en Waterloo, Puigdemont dedica horas a cavilar formas de poner a España contra las cuerdas. El proyecto de internacionalización del conflicto catalán copa su agenda, y ante las trabas que el mundo real pone a sus planes la producción de nuevas locuras no acaba nunca. Siempre hay más.

La última pasa por vengarse de España ante la Unión Europea (UE) y buscar la forma de que el Consejo Europeo retire el derecho de voto de España por, presuntamente, violar los valores básicos de la UE contenidos en el artículo 2, informó El Confidencial este miércoles. Una venganza en toda regla.

Puigdemont, en nombre del "consejo de la república", y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, quitan polvo a una propuesta de Podemos en octubre de 2017: aplicar contra España el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que permite la sanción de un Estado miembro.

El referido texto del Tratado de Lisboa defiende el castigo por incumpliento del artículo 2 de la UE; es decir, por violar los valores de "respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías".

Puigdemont y Paluzie no lo tendrán fácil

Conseguir la debida aplicación del artículo 7 supone una misión imposible. Nunca antes utilizado, las veces que se intentó poner en marcha para sancionar a Hungría y Polonia sus impulsores fracasaron en el intento. Para aprobarlo se requiere el apoyo de un tercio de los Estados miembros del Parlamento Europeo o de la Comisión.

Si consigue el apoyo del 33% del Consejo o el Parlamento, entonces el Consejo debe aprobarlo por una mayoría del 80%. En 2017, Podemos envió una carta a Jean-Claude Juncker para activarlo por las cargas policiales del 1-O, sin llegar la exigencia a buen puerto. Se antoja complicado, cuando menos, que ahora funcione.

Pero el independentismo asume el reto. Primero se plantea el objetivo de recoger un millón de firmas durante un año en toda Europa para privar de sus derechos a España. Mientras tanto, presionarán en la UE. Y si no les dan razón, denunciarán a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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