Puigdemont ya tiene plan B para acceder al Parlamento Europeo

Puigdemont y Junts per Catalunya estudian que el expresident se incorpore como asesor en la Eurocámara si no consigue tomar posesión como diputado

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Carles Puigdemont seguirá intentando acceder al escaño en el Parlamento Europeo, pero si agota sus opciones sin conseguirlo, ya explora una alternativa para acceder igualmente a la Eurocámara: incorporarse como asesor de un eurodiputado de Lliures per Europa —la marca con la que Junts per Catalunya (JpC) concurrió a los comicios del 26-M— que, a diferencia de él, si pueda tomar posesión del cargo.

Puigdemont sigue sin renunciar, al menos públicamente, a conseguir su escaño, pese a que su intento de acatar la Constitución por poderes y usando a su abogado Gonzalo Boye como persona interpuesta fracasó, por lo que no podrá tomar posesión del cargo en el pleno de constitución del Europarlamento que se celebra el 2 de julio, fecha en la que el independentismo está convocado a protestar en Estrasburgo, a las puertas de la cámara, contra las trabas puestas tanto a Puigdemont como al otro diputado electo de la candidatura de JpC, el exconseller Toni Comín —en la misma situación que el expresident— y al líder y candidato de ERC Oriol Junqueras, en prisión preventiva y a quien el Tribunal Supremo ha denegado el permiso para acudir a formalizar los trámitese y ocupar su escaño.

El plan A de JpC pasa por hacer casus belli del asunto y ruido en Europa, tanto a base de protestas como exprimiendo la vía judicial. Tras el revés  de la Junta Electoral Central (JEC), que este viernes rechazó el recurso presentado por Boye, el siguiente paso, anunciado por el propio Puigdemont, es recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y esperar que se pronuncie antes del 2 de julio.

El plan B

Pero si el antecesor de Quim Torra no se sale con la suya,  el plan B consiste en buscarle un cargo en el mismo Europarlamento, que  podría ser el de asesor, según explican fuentes de JpC consultadas por Economía Digital . O, en la jerga oficial, el de «asistente» de un eurodiputado.  Pero para ello, antes debería renunciar él al escaño, y dar paso al siguiente de la lista.

La número tres de la candidatura, Clara Ponsatí, tampoco podría acceder al cargo, porque, como Puigdemont y Comín, está procesada en rebeldía. Pero sí podría hacerlo la número cuatro, la consultora Erika Casajoana,  presidenta de CATGlobal, la asociación creada para vehicular la captación de fondos que recoge el Consejo para la República para financiar las actividades de Puigdemont, el resto de consellers huídos y la llamada Casa de la República, la residencia del expresident en Waterloo. El número cinco, que también podría acceder a un escaño en Europa si Comín también renunciara, es el exsecretario general de Eusko Alkartasuna Gorka Knörr, que ya fue eurodiputado entre 1999 y 2001.

Puigdemont podría cobrar como asesor 6.654 euros al mes

Si se diera esa renuncia por su parte, Puigdemont podría ser fichado después por uno de los dos eurodiputados de JpC, lo que le permitiría dos cosas. La primera, acudir a diario y con libertad de movimientos al Parlamento Europeo, con la visibilidad que ello podría comportarle. Y, la segunda, un sueldo. Algo que no le iría mal al expresident, que hace un año que dejó de cobrar su sueldo como miembro del Parlament al dictar el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, su suspensión como diputado de la cámara catalana.

Además, el  ritmo de inscripciones, y con ellas, de ingresos, del Consejo de la República presidido por el mismo Puigdemont, ha sido un fiasco: inicialmente, el expresident aspiraba a alcanzar el millón de personas registradas, pero, más de medio año después de su creación, solo van 67.500.

El sueldo de un diputado del Parlamento Europeo es de 8.757,70 euros brutos mensuales más dietas, un capítulo que incluye 4.513 euros fijos más una serie de conceptos variables. Además de eso, cada eurodiputado dispone de hasta 24.943 euros mensuales para fichar asistentes personales.

En el caso de los españoles, cada uno de esos asesores puede cobrar un máximo de 6.654 euros brutos al mes. Así que esos podrían ser los emolumentos de Puigdemont acaba optando por renunciar definitivamente al escaño y activar a cambio un plan B que le supondría presencia en las instituciones, proyección mediática para seguir denunciando la injusticia de la que insiste en ser objeto y una estable y nada despreciable inyección económica que le daría aire a sus bolsillos.

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