¿Quiere Rajoy una mayoría absoluta del independentismo catalán?

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HACIA EL 27S

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su homólogo catalán, Artur Mas / EFE

Barcelona, 01 de septiembre de 2015 (19:04 CET)

En el derecho constitucional no hay verdades infalibles, máxime cuando en la Constitución española se dejaron tantos recovecos. Pero hay algunos puntos de apoyo. La decisión del PP es atrevida, pero no se rechaza de frente por parte los constitucionalistas. El PP ha presentado una proposición de ley con un objetivo, y, además, lo ha hecho en el último día que podía hacerlo para que se pueda aprobar en esta legislatura: parar el proceso de independencia que pueda poner en marcha el president Artur Mas si tiene una mayoría suficiente para ello tras el 27 de septiembre.

La justificación del grupo parlamentario del PP es que no puede ser que las sentencias o resoluciones del Tribunal Constitucional no se cumplan. En Cataluña, en materia lingüística, por ejemplo, el Govern de la Generalitat ha hecho gala del incumplimiento de resoluciones judiciales, y el PP entiende que no se puede tolerar.


La utilización del PP

Según Rafael Hernando, el portavoz del grupo popular, la propuesta de reforma se inspira en el sistema alemán y austriaco, y se formula ahora porque "hace cuatro años no había una situación como ésta, donde se presentan juntos los que dicen que quieren romper España en una lista".

Es decir, se trata de una ley dirigida para parar el desafío independentista en Cataluña, asumiendo el riesgo, o tal vez con la intención de incentivarlo, de que crezca el apoyo soberanista. ¿Perverso? La utilización del PP de asuntos catalanes ya se produjo con el proceso del Estatut, con recogidas de firmas "contra el Estatut" en todas las comunidades autónomas.

Al tramitarse de forma urgente, se evita que tengan que pronunciarse de manera preceptiva tanto el Poder Judicial, como el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Como el caso Atutxa

El constitucionalista Xavier Arbós asegura a Economía Digital que la medida "es una barbaridad", porque no se puede sancionar, a partir del propio Constitucional, a alguien que puede recurrir al propio Constitucional, "convirtiendo al alto tribunal en juez y parte". Según Arbós, la percepción que se podría tener es que se desea "callar" al Constitucional, ante la posibilidad de que "se le escape" una decisión del parlamento catalán.

Después, ligado a ello, está la propia sanción, "¿a quién, a los gobernantes, o a todos los diputados?", se pregunta Arbós, que recuerda el caso Atutxa, cuando, en calidad de presidente del parlamento vasco fue condenado por desobedecer al Tribunal Supremo, al no cumplir una resolución que le obligaba a disolver el grupo parlamentario heredero de Batasuna, cuando el partido fue ilegalizado.

La autonomía, en manos del Ejecutivo central

Pero no todos los constitucionalistas lo ven así. El también catedrático de derecho constitucional, Francesc de Carreras, sostiene que el proceso iniciado por el PP "cumple con todas las garantías", y que "lo que no puede ocurrir es que las sentencias simplemente no se cumplan y se haga gala de ello". Según De Carreras, el Gobierno habría preferido esa posibilidad, frente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implicaría dejar la autonomía en manos del Ejecutivo español:

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", reza en su artículo 1, y en su artículo 2:

"Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

¿Perversión?

Carreras no ve un peligro en la decisión del PP y tampoco cree que el Gobierno trate de incentivar, de forma perversa, a los independentistas para poder, tras las elecciones catalanas, presentarse como el salvador de España y ganar por mayoría absoluta en las generales.

Esa posibilidad, en todo caso, está sobre la mesa. O es una de las interpretaciones posibles teniendo cuenta en qué momento llega la decisión, presentada, además, por el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García-Albiol.

 

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