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La Cambra de Comerç de Barcelona edita un estudio de tres eminentes juristas que advierten a los políticos de los peligros legales de rescatar concesiones

Josep Maria Casas

Economía Digital

José María Gimeno (centro) es uno de los tres coautores del estudio sobre la colaboración público-privada. En la imagen aparece con Joan-Francesc Pont (i), catedrático de derecho financiero y vicepresidente tercero de la Cambra; y Xavier Carbonell, gerent

Barcelona, 05 de julio de 2017 (18:00 CET)

Las administraciones que tramiten de forma incorrecta el rescate de una concesión pueden incurrir en los delitos de prevaricación, coacciones o usurpación. Así lo advierte un estudio sobre la colaboración público-privada elaborado por los catedráticos de derecho José María Gimeno, Gonzalo Quintero y por el expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

Estos expertos dan un toque de atención sobre las reinternalizaciones de servicios públicos –también llamadas remunicipalizaciones- en “el interés público y su satisfacción con la colaboración público-privada”. Ha sido editado por la Cambra de Comerç de Barcelona.

Algunos ayuntamientos esgrimen el concepto de “interés público” para justificar la reversión de concesiones en vigor. Sin embargo, este interés público no es un argumento jurídico suficiente para amparar la rescisión anticipada de contratos. Los autores subrayan que la regulación europea de las concesiones de servicios públicos preserva el derecho de la competencia entre operadores y el principio de seguridad jurídica. Las administraciones están obligadas a cumplir los contratos y no pueden considerar la rescisión como una prerrogativa.

Criterios ideológicos

En la presentación del estudio, Gimeno ha recordado este miércoles que el derecho europeo establece que “hay que estar a lo pactado”. No ampara las decisiones unilaterales de las administraciones para resolver los concursos por criterios políticos o ideológicos.

El estudio recalca que los procedimientos de rescate de concesiones públicas deben interpretarse según la actual normativa comunitaria. Estos rescates deben tratarse desde “la lógica del ejercicio de una potestad expropiatoria”. Así, sólo se pueden abordar cuando se cumplan los requisitos de la normativa de expropiación, que conllevan el pago de “justas” indemnizaciones.

Los autores sostienen que cuando una administración decida reasumir la gestión directa de un servicio público deberá justificar sus ventajas económicas y sociales. En ningún caso, el objetivo puede ser la estabilización de la plantilla laboral porqué esto se puede conseguir por otros medios.

Riesgos legales

La incorrecta tramitación del rescate de una concesión podría dar lugar a la comisión de diversos tipos delictivos. Los autores advierten sobre el delito de prevaricación, coacciones y usurpación. En el estudio se analizan situaciones genéricas sin entrar en casos concretos. Por lo tanto, no se refieren a los planes de determinados ayuntamientos catalanes para rescatar servicios públicos.

Respecto a los autores,  José María Gimeno es catedrático de derecho administrativo y preside el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; Gonzalo Quintero es catedrático de derecho Penal en la Universitat Rovira i Virgili y fue director general del Servicio Jurídico del Estado; y el exmagistrado Pascual Sala fue presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

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