El presidente de la Generalitat, Quim Torra. Incrementará el gasto de los órganos de fiscalización y asesoramiento de las instituciones catalanas. /EFE/QG

Torra aumenta un 12% el presupuesto para chiringuitos "superiores"

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La Generalitat aumenta el gesto de los organismos de fiscalización aunque la mayor parte de los miembros de sus consejos tengan el mandato caducado

Josep Maria Casas

Economía Digital

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. Incrementará el gasto de los órganos de fiscalización y asesoramiento de las instituciones catalanas. /EFE/QG

Barcelona, 04 de febrero de 2020 (04:55 CET)

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2020 prevé aumentar en un 12% los gastos de los llamados “órganos superiores”, dedicados a fiscalizar la gestión pública, respecto a los presupuestos de 2017, que son los últimos que aprobó el parlamento catalán. La partida que más sube es la de salarios.

El gobierno de Quim Torra incrementa el presupuesto de unos órganos que todavía tienen gran parte de sus consejos pendientes de renovación y en los cuales han colocado a gestores afines a sus formaciones.

Estos “órganos superiores” son siete: Consejo de Garantías Estatutarias, Sindicatura de Cuentas, Oficina Antifraude, Comisión Jurídica Asesora, Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, Consejo del Audiovisual de Cataluña y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Su función es la de fiscalizar o asesorar.

Según el proyecto de presupuestos, estos siete organismos gastarán este año 36,26 millones de euros, un 12% más que los 32,98 millones consignados en las cuentas de 2017. Por lo que respecta a las retribuciones del personal, pasan de los 24,19 millones (que equivalen al 75,74% del gasto total contemplado en los presupuestos de 2017) a 27,94 (el 77,05% en la previsión para este año). Las retribuciones han crecido un 15,50%.

Muchos de estos órganos superiores siguen pendientes de renovación. La profunda división entre los bloques independentista y constitucionalista ha impedido alcanzar las mayorías necesarias. Así, el Consejo de Garantís Estatutarias tiene a cuatro de sus nueve miembros con el mandato caducado, uno de los cuales es su presidente, Joan Egea. En 2017 se renovó uno de los puestos con la entrada de Margarita Gil, esposa del exconsejero convergente Jordi Jané y hasta entonces jefa del gabinete jurídico de la Generalitat.

El Consejo de Garantías Estatutarias vela para que las leyes del parlamento catalán se adecuen al Estatuto y a la Constitución. Sus dictámenes son preceptivos, aunque no vinculantes. La mayoría independentista los ha ignorado en más de una ocasión. Este año tendrá unos gastos previstos de 3,41 millones de euros.

Todos los miembros de la Sindicatura de Cuentas, incluido su presidente, Jaume Amat, tiene el mandato caducado. Después de algunas dimisiones, en estos momentos su pleno tan solo tiene cinco miembros. Su función es la de fiscalizar la gestión económica de la Generalitat y del sector público catalán.

Se trata del órgano superior que cuenta con un mayor presupuesto. Este 2020 superará los 12 millones de euros.

Más dinero para Antifraude

La Oficina Antifraude Cataluña, que dirige el magistrado Miguel Ángel Gimeno, incrementa su presupuesto en un 20% respecto al último presupuesto aprobado hasta alcanzar los 6,36 millones de euros. Tendrá más recursos para investigar, pero, recientemente, el parlamento catalán no autorizó que investigara una denuncia de Ciudadanos sobre los viajes del síndic de greuges, Rafael Ribó, pagados por un empresario del caso del 3%.

El gobierno de Torra colocó en 2018 en la Comisión Jurídica Asesora a Quico Homs, exdirigente convergente condenado por la consulta del 9-N, y al republicano Carles Mundó, condenado en el juicio del procés aunque se libró de penas de cárcel. Este organismo vela por la legalidad de las actuaciones de la Generalitat y de las corporaciones locales. Su presupuesto es de 3,17 millones de euros.

El Consejo Audiovisual de Cataluña tiene a tres de sus actuales cinco miembros, incluido a su presidente, Roger Loppacher, con el mandato finalizado desde hace años. Los otros dos son el popular Daniel Sirera y la socialista Carme Figueras. Una de las vocales designadas por CiU, Eva Parera, renunció al proclamarse concejal del Ayuntamiento de Barcelona por la formación de Manuel Valls.

El parlamento tampoco ha renovado a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Maria Ángels Barberá, pese a su mandato expiró en julio de 2017.

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