El diputado de Cs Carlos Carrizosa abandona el debate de política general en el Parlament tras ser expulsado después de una bronca con diputados independentistas. Foto: EFE/QG
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La mayoría independentista cierra filas con los activistas acusados de terrorismo y echa al monte un Parlament convertido en olla a presión

Iván Vila

Economía Digital

El diputado de Cs Carlos Carrizosa abandona el debate de política general en el Parlament tras ser expulsado después de una bronca con diputados independentistas. Foto: EFE/QG

Barcelona, 27 de septiembre de 2019 (04:55 CET)

Los partidos que integran el govern de Quim Torra, Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, afrontaron el debate de política general con el que el Parlament retoma el curso político como un escaparate para escenificar un cierre de filas y la existencia de una mayoría sólida en la cámara catalana —presentaron 34 propuestas de resolución conjuntas y se aprobaron todas— y, tras las detenciones el lunes de nueve miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), se propusieron también escenificar durante el mismo una especie de ensayo general de lo que podría ser una respuesta a la sentencia de la causa del procés, que se espera que el Supremo tenga lista a principios o mediados de octubre. Lo que tal vez no esperaban es que la cosa llegara tan lejos. Que el ensayo alcanzara la alta tensión que este jueves se respiró en la cámara.

El salto cualitativo, en forma de golpe sobre la mesa, lo dió el cupero Carles Riera cuando, en mitad de las votaciones de las propuestas de resolución con las que se cierra el debate, se levantó y tomó la palabra para anunciar "la confirmación oficial" de que en Cataluña ya hay "16 presos y presas políticas", en relación a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de mantener en prisión sin fianza a los siete activistas que declararon ante él este jueves. 

"Este hecho requiere una respuesta institucional. Solicito una suspensión temporal del pleno y una convocatoria urgente de la junta de portavoces. No podemos normalizar la vida institucional en una situación de excepcionalidad democrática", sentenció solemne Riera.

El Parlament se echa al monte (declarativo)

Hasta entonces, hasta el aldabonazo, el plan consistía en aprobar varias resoluciones mediante las cuales el Parlament se echaba al monte, aunque solo de boca, claro, sin caer en desobediencias ni ilegalidades. En uno de esos textos, propuesto conjuntamente por JxCat, ERC y la CUP y que efectivamente tiró adelante gracias al rodillo independentista —que, sumados los antisistema, dispone de mayoría absoluta—, la cámara catalana exige la liberación inmediata de los líderes independentistas procesados y “el sobreseimiento de todas las causas represivas”, refiriéndose tanto a la del Supremo, que califica de “procedimiento político contra el independentismo”, como al resto de juicios relacionados con el procés, abiertos en la Audiencia Nacional, el TSJC o juzgados de primera instancia.

La cámara se “conjura” también para “liderar una respuesta institucional” a la sentencia, que tiene que pasar por “el ejercicio del derecho de autodeterminación” —aunque no se aclara, como ya es norma, ni cómo ni cuándo se concretaría este— y la reivindicación, ya compartida por todos los partidos independentistas, de una amnistía para los condenados.

Además, en el caso de que se produzca una sentencia condenatoria que consideraría “injusta”, la cámara catalana hace un llamamiento a que también haya respuesta en la calle. El Parlament, dice la resolución aprobada, “hace una llamada al ejercicio del derecho de manifestación, libertad de expresión, movilización y protesta, siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas”.

Eso no es todo. El Parlament también acusa —en otra resolución impulsada esta vez por los partidos del govern e igualmente aprobada— a la Junta Electoral Central y el poder judicial de atentar contra la separación de poderes y de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, además de avalar el empecinamiento de Torra en no retirar las pancartas a favor de los presos de los edificios de la Generalitat. 

A partir del lunes, además, el pack tenía que incluir una reacción específica a la llamada operación Judas contra esos miembros de los CDR ahora acusados de terrorismo, por lo que JxCat y ERC llevaron al pleno otra propuesta de resolución en la que se constata que para sus promotores poco importan lo indicios, las declaraciones de los acusados o que la operación fuera ordenada por un juez. 

En ese texto, que también salió adelante, el Parlament pide la dimisión de la delegada del Gobierno por ser “manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, así como la paralización de todas aquellas operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad  del Estado que la propia mayoría independendentista considere que buscan “reprimir el activismo social y político” usando de forma “especulativa y arbitraria” de “los tipos penales asociados al terrorismo”. Es más, se exige la retirada de la Guardia Civil de territorio catalán por ser “una policía de cariz político”.

Bronca y expulsión

Pero para la CUP no era suficiente. Sobre todo después de la confirmación de la prisión incondicional para los CDR. Riera pidió suspender el pleno, el presidente de la cámara, Roger Torrent le dijo que las votaciones no se podían interrumpir y los cuperos abandonaron el hemiciclo. JxCat y ERC siguieron votando, y solo al final, se sumaron a la petición de una junta de portavoces urgente.

Cs, cuya jefa de filas en Cataluña, Lorena Roldán, ya esgrimió el miércoles en el Parlament una foto del atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Vic para afearle a Torra su connivencia con los CDR, puso el grito en el cielo y Torrent expulsó al presidente del grupo, Carlos Carrizosa, que se fue con todos sus compañeros en medio de una bronca monumental, y después de que ERC hubiera abandonado también la sala, convertida, además de en tubo de ensayo de la respuesta a la sentencia, en una verdadera olla a presión.

El flamígero episodio culminó con una declaración de la mayoría de la junta de portavoces suscrita por JxC, ERC, la CUP y también los comunes, que se habían abstenido en todas las resoluciones mentadas más arriba, en la que también se da por hecho que la operación del lunes vulnera el derecho a la presunción de inocencia, y se pide "el fin de la represión y la libertad de las personas perseguidas y presas por sus ideas políticas". Es decir, que al final, paradojas veredes, esa CUP tan soliviantada del golpe sobre la mesa sí se conformó con la enésima declaración de intenciones sin efectos prácticos.

Ciudadanos y el 155

Con el soberanismo entregado a su versión más gesticulante y el Parlament, o al menos su imagen, hecho unos zorros, Cs encontró nuevos argumentos para insistir en ese nuevo 155 que quiere de aplicación inmediata. El partido naranja lo planteaba de hecho en una propuesta de resolución que, a diferencia de las del independentismo mayoritario, no prosperó. El PP, que se pasó el día diciendo, en declaraciones a los medios y en la propia cámara, que no ha lugar un 155 con carácter preventivo como el que reclaman los liberales, a la hora de la verdad, acabó votando a favor del texto. Fue el único.

Claro que los de Albert Rivera no entienden que se trate de una prevención, y exigieron a Pedro Sánchez que tome ya cartas en el asunto, aunque, vista la actitud contemporizadora mantenida en plena escalada este jueves por el PSC y su líder, Miquel Iceta, está claro que los socialistas siguen sin estar por la labor "¿Qué más tiene que pasar cuando en el Parlament se jalea a quienes quieren poner bombas?", clamó Carrizosa. "¿Tiene que morir alguien?".

Desde luego, quien busque confrontación, quien abogue por tensar la cuerda, no tendrá motivos de queja tras el show. Para los demás, el ensayo de alta tensión de este jueves no se puede decir que augure nada bueno.

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