Torrent visita a los presos y avisa: la mano dura no arreglará la situación

Torrent completa ronda de visitas en las cárceles de Estremera y Soto del Real y advierte a PP, PSOE y Cs que endurecer el código penal no ayudaría en nada

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El independentismo persevera en la política de gestos. Si el lunes fue el turno del presidente de la Generalitat, Quim Torra, este martes es el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, quien completa su ronda de visitas a los políticos independentistas en prisión. Torrent ha aprovechado para insistir en reclamar diálogo al gobierno español y de paso advertir a PP, PSOE y Ciudadanos de que «la escalada de represión» que a su juicio supondría un eventual endurecimiento del Código Penal no cambiaría la situación política ni social en Cataluña.

Torrent ha insistido en la necesidad de resolver «con política» un problema que es «político»

Tras visitar en la prisión madrileña de Estremera al exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, ha insistido en la necesidad de resolver «con política» un problema que es «político», según informa EFE.

Torrent, que ha permanecido cuatro horas en Estremera, ha hecho esta declaración sin admitir preguntas antes de proseguir su periplo por las cárceles madrileñas, que inició ayer lunes en Alcalá-Meco, donde estuvo dos horas y media y se reunió con su antecesora en el cargo, Carme Focadell, y la exconsellera Dolors Bassa.

El presidente del Parlament proseguirá sus visitas a los encarcelados este mismo martes

Por la tarde se trasladará a la prisión de Soto de Real para ver al diputado de JxCat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Las visitas a los dirigentes encarcelados van camino de alargarse, puesto que el juez del Supremo Pablo Llarena, que investiga el «procés», ha denegado a Turull y a Rull la libertad provisional indefinida que le habían solicitado para ser consellers, ante el incremento del riesgo de reiteración delictiva tras la voluntad independentista expresada por el nuevo president.

 

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