Tercer grado para presos del 1-O ocho meses después de la sentencia

Las cárceles catalanas confirman que Junqueras y los presos del 'procés' pasan al tercer grado. Queda pendiente el previsible visto bueno de la Generalitat

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Las juntas de tratamiento de las cárceles de Cataluña en las que están los presos del procés han confirmado este jueves que concederán el tercer grado a los responsables del 1-O condenados por sedición. Con esta clasificación, Oriol Junqueras y los demás presos del 1-O —que desde enero pasado están en el segundo grado aunque con permisos para salir a trabajar— obtendrán la semilibertad y tendrán vía libre para salir todos los días de prisión y para gozar de más privilegios que los actuales.

Queda pendiente de confirmarse el visto bueno de la secretaría de medidas penales del departamento de Justicia de la Generalitat, aunque no se prevé que rechace el posicionamiento de las juntas de tratamiento, puesto que ha respetado todas sus decisiones hasta ahora. Una vez avalada la decisión por la consellería —que está en manos de ERC— la fiscalía podría recurrir primero ante un juzgado de vigilancia penitenciaria y después ante el Tribunal Supremo.

Con la semilibertad, el exvicepresidente catalán Junqueras, así como los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart podrán salir de la cárcel a trabajar o hacer voluntariado todos los días de la semana y no solo entre lunes y viernes como ahora. También es posible que no se vean obligados a dormir en el centro penitenciario.

El tercer grado amplía a 48 días al año el permiso de los presos y les permite dormir en sus casas los fines de semana. Cada caso se revisa individualmente y los beneficios varían entre un recluso y otro dependiendo de una serie de factores tomados en cuenta por las juntas de tratamiento. Este jueves, el secretario de medidas penales del departamento de Justicia, Amand Calderó, ha asegurado que «cada revisión de una clasificación pasa por una treintena de funcionarios».

Estos funcionarios penitenciarios «no responden a ninguna causa política» y «las decisiones de las juntas de tratamiento de las personas no obedecen a ninguna consigna política», ha añadido Calderó al presentar el informe sobre el tercer grado. Y ha reivindicado que «las juntas de tratamiento merecen el mismo respeto ahora que hace medio año» porque están compuestas por «funcionarios independientes».

Calderó ha explicado que el tercer grado se otorgará lo más rápido posible, pero esta semana seguirán estando los presos en el segundo grado por lo que el fin de semana deberán permanecer en prisión. La consejería de Justicia tiene dos meses para ratificar la decisión de las juntas de tratamiento, que a su vez podrán introducir cambios en el régimen penitenciario de cada caso concreto si lo tienen a bien.

Cuixart: «Hicimos lo que debíamos hacer»

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha publicado la noticia del tercer grado en Twitter asegurando que «hicimos lo que debíamos hacer», en alusión a su participación en el referéndum ilegal del 1-O. «Sigo totalmente convencido de la legitimidad de la lucha no violenta y de la desobediencia civil como instrumentos para transformar la sociedad. Ningún tribunal nos impedirá ejercer derechos fundamentales», ha añadido, en un mensaje en el que recoge lemas favorables a la autodeterminación de Cataluña y la libertad de todos los presos, más allá del tercer grado.

El independentismo considera que no debería haber presos del procés en lo absoluto y puja por la amnistía para resolver el llamado conflicto catalán. Es una de sus exigencias en las negociaciones con el Gobierno central en el marco de la mesa de diálogo, junto con la autodeterminación. «No deberían de estar en prisión», ha señalado este jueves la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, que ha indicado que el tercer grado «no es ningún privilegio, es un derecho» y que el separatismo no debe olvidar que «la injusticia continúa».

Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont y diputado de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dicho que el tercer grado «es de justicia» pero que hay que prepararse «para la ofensiva del deep state» ante la decisión de las juntas de tratamiento.

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