Urbas: llega la hora de la verdad en el juicio contra los dueños de la compañía, la de las tasadoras
Sede de Urbas.
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Llega la hora de la verdad en el juicio contra los dueños de Urbas: la hora de que testifiquen los representantes de las tasadoras, entre ellas CBRE, que valoraron los activos entregados por la compañía en la ampliación de capital de 383 millones de 2015.
Las declaraciones de los directivos de las tasadoras son clave en el proceso, después de que el lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores justificara en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional su decisión de permitir a Urbas volver a cotizar tras recibir las valoraciones de los activos.
Eduardo Manso, de la CNMV, declaró el lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional
El papel de las consultoras inmobiliarias y las valoraciones que hicieron de los activos fue clave en la formación de la burbuja que explotó entre 2007 y 2008, y que provocó la mayor crisis económica de la democracia española.
En esa época, jugando con la flexibilidad de la normativa urbanística de entonces, las consultoras tasaban huertos de patatas o suelos protegidos a precios de terrenos que podrían albergar un hotel de cinco estrellas.
Con esas valoraciones las compañías acudían a los bancos requiriendo préstamos multimillonarios: así se creó la burbuja inmobiliaria del boom.
Si Fiscalía demuestra que, años después, en 2015, esa práctica siguió ocurriendo, el escándalo está servido.
Urbas, ampliación denunciada en 2017
Juan Antonio Acedo y Juan Antonio Ibáñez, los principales accionistas del grupo Urbas, declarado recientemente en concurso de acreedores con un pasivo de 120 millones de euros, están siendo juzgados por el caso en el que se investiga dicha ampliación de capital.
La operación fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupcion en 2017, por entender que en la misma se había inflado artificialmente el valor de los activos inmobiliarios aportados en la operación.
La ampliación se efectuó mayoritariamente mediante aportaciones no dinerarias de la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias, en la que se habían integrado una serie de inmuebles. La operación fue indispensable para evitar la quiebra del grupo, que entonces se encontraba en causa de disolución.
Con motivo de la acusación de Fiscalía, la CNMV suspendió en Bolsa al grupo inmobiliario y de construcción.
La compañía presentó entonces nuevas valoraciones y auditorías confirmando, incluso elevando, las tasaciones que avalaron la ampliación de capital.
Aun así, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, a instancias de Fiscalía, impidió que el regulador del mercado permitiera la cotización de las acciones afectadas por la ampliación.
El lunes, de acuerdo a dos fuentes presentes en el juicio, Eduardo Manso, director de Mercados e Informes Financieros y Corporativos de la CNMV, declaró que después de la apertura de la investigación de la Fiscalía se requirió a Urbas un nuevo informe de auditoría y una nueva tasación.
La nueva tasación ratificó e incluso valoró en 19 millones más los activos de Urbas respecto al informe de tasación en el que sustentó Grant Thornton para aprobar la ampliación de capital.
Eduardo Manso declaró ayer lunes que se entendió que las valoraciones «eran razonables y las dimos por buenas; se podía levantar la suspensión de la cotización».
«Será interesante ver cómo Fiscalía defiende su tesis de que las valoraciones estaban infladas», comentan fuentes consultadas por este diario presentes en el juicio. «Tendrá que rebatir los informes elaborados por algunas de las mayores consultoras inmobiliarias del mundo», indican.
