Valencia abre la veda al cierre de las televisiones autonómicas

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Alberto Fabra baja la persiana de Canal 9 tras la sentencia que anula el despido de 1.000 trabajadores

Los trabajadores de RTVV protestan por los recortes en el ente público

05 de noviembre de 2013 (19:11 CET)

Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tiene las horas contadas. El Ejecutivo valenciano ha anunciado el cierre del ente público horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya anulado el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a cerca de un millar de trabajadores.

“Descartado el camino que había decidido emprender el Consell, sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico”, así se expresa la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Costes laborales de 72 millones de euros


El gobierno valenciano que lidera Alberto Fabra justifica esta medida en la inviabilidad de Canal 9 y Ràdio 9 con la anterior plantilla compuesta por 1.700 trabajadores. “Sólo el coste de los gastos de personal supondrían aproximadamente 72 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos”, sigue la nota.

Al final, la televisión autonómica valenciana se apagará tras 24 años de historia. El 9 de octubre de 1989, coincidiendo con el día de la Comunitat, emitía por primera vez Canal 9.

Abre el camino para el cierre de Telemadrid


La decisión del TSJCV abría la puerta a la readmisión de la plantilla despedida. Esta medida dificulta la continuidad de la actividad del ente público. El gobierno valenciano ya había alertado de un futuro cierre si se daban estas circunstancias. Y, al final, el peor de los escenarios se ha cumplido.

Esta decisión abre el camino al cierre, también, de Telemadrid. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya amenazaba hace unos días con el cese de la actividad de la televisión autonómica si el Supremo anula el ERE que dejó en la calle a 861 trabajadores en enero pasado.

El delfín de Esperanza Aguirre asegura que con la actual estructura (unos 300 trabajadores) la empresa es viable económicamente, pero si los tribunales obligan a readmitir a los trabajadores o a pagar una mayor indemnización, "la empresa tendría que cerrar", según explicó González.
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