Vidal dimite y el fiscal general del Estado actúa

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El fiscal general del Estado ordena la investigación de las afirmaciones de Vidal mientras el Ejecutivo catalán deja sólo al magistrado y ya exsenador de ERC

Manel Manchón

El juez Santiago Vidal, interviene junto a Francesc Homs, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas, en noviembre pasado, en el Congreso. EFE/Kiko Huesca
El juez Santiago Vidal, interviene junto a Francesc Homs, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas, en noviembre pasado, en el Congreso. EFE/Kiko Huesca

Barcelona, 27 de enero de 2017 (12:04 CET)

La actuación del juez Santiago Vidal era insostenible. Este viernes se ha impuesto su dimisión. Las afirmaciones en diversos actos políticos pueden constituir un delito. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado investigar la situación. Ello afecta a toda la Generalitat. El movimiento independentista ha reiterado en los últimos meses que se había llegado a la recta final, que se acabaría produciendo un choque con el gobierno español y que se trataba de no cometer errores.

El juez y ya exsenador de ERC ha defendido "ilegalidades" del Govern para hacerse con todos los datos fiscales de los ciudadanos catalanes y ha afirmado que ha realizado una selección entre los jueces españoles; para saber con quién se puede contar, mostrando un ideario totalista que no casa con las reiteradas defensas del espíritu "democrático" con el que se defiende el independentismo.

Robo de datos fiscales

Vidal fue elegido en las listas electorales de ERC, en las dos elecciones generales recientes, las del 20D de 2015, y las del 26J de 2016, despues de trabajar como asesor del consejero catalán de justicia, y tras ser suspendido, como juez, por el Consejo General del Poder Judicial durante tres años por elaborar una constitución catalana.

El jurista sostiene que el Govern ha maniobrado de forma subterránea para recabar todos los datos fiscales de los ciudadanos catalanes; y para lograr créditos internacionales para que, en el momento de la ruptura con España, la Generalitat pueda obtener financiación internacional.

Se trataría de una especie de revolución, o de golpe de Estado contra la legalidad española que obliga a una investigación a todo el Govern, a pesar de que haya dejado sólo a Vidal. El ministro de economía, Luis de Guindos, ha advertido de que espera que "no se haya utilizado esos datos políticamente".

Para el consejero catalán de economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se trata de un grave contratiempo. Contradice todo el proyecto de los republicanos, que se han propuesto aparecer como la fuerza política del futuro de Cataluña, desde la legalidad y el compromiso con la buena gestión.

El fiscal general del Estado asegura que las declaraciones de Vidal, "de ser ciertas, supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos". Mientras, la portavoz del Govern, y consejera de presidencia, Neus Munté, ha insistido en que "es absolutamente falso y desmiento categóricamente las palabras de Santiago Vidal".

Engaño y confusión a los ciudadanos

La cuestión es que el independentismo corre a toda velocidad, y ha confundido a los ciudadanos de Cataluña. La consejera de governación, Meritxell Borràs, ha animado a los funcionarios a que se manifiesten el 6 de febrero. Para ello pueden acogerse a los días libres que tengan pendientes, cuando se celebra el juicio al expresidente Artur Mas por la causa de la consulta soberanista del 9N.

Miembros del Govern apelan constantemente "al pueblo de Cataluña", para que dé apoyo a los cargos públicos, como Mas, que están sujetos a causas judiciales, estableciendo una peligrosa conexión de carácter totalitario entre los partidarios de la independencia de Cataluña y el conjunto de la sociedad catalana. La situación, ya no sólo de Vidal, sino de todo el gobierno catalán es delicada, porque lo que pueda realizar a partir de ahora tendrá la sospecha de lo apuntado por el ya exsenador de ERC.

En anteriores ocasiones los gobiernos de la Generalitat han incurrido en esos graves errores, con listas sobre periodistas afines y no afines, o de jueces o de otros profesionales. Y todo ello se lleva muy mal con la defensa de la democracia.
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