Bruselas investiga el nuevo impuesto en el sector de telecomunicación y energético aprobado en Hungría

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el nuevo impuesto específico introducido por las autoridades húngaras en el sector de las telecomunicaciones, energía y minorista como forma de contribuir a paliar el déficit en el contexto de la crisis y ha insistido en que no puede haber «discriminación impositiva” entre operadores nacionales y extranjeros.

El Ejecutivo comunitario está estudiando en la actualidad «la primera respuesta» que le han remitido las autoridades húngaras a sus requerimientos de información sobre la nueva norma fiscal, así como «la queja formal» que han presentado trece compañías europeas, incluidas RWE, E.ON, Deutsche Telekom, ING y Axa, contra lo que consideran impuestos abusivos a sus filiales en Hungría, antes de tomar «una decisión» al respecto, ha precisado en rueda de prensa el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly.

La Comisión, que no tiene «ninguna indicación hasta el momento» de que el nuevo impuesto, que estará en vigor durante tres años, «vaya a ser prorrogado más allá» de 2012, reconoce que la introducción de un tasa en un sector dado es competencia de los Estados miembros. Con todo, ha insistido en la necesidad de que se respete el principio de «igualdad», recordando que la legislación europea no permite gravar a un operador de un sector determinado «más» que a otros operadores competidores.

Pesquisas desde octubre

Bailly ha dejado claro que el Ejecutivo comunitario solicitó «más información» a las autoridades húngaras el pasado 22 de octubre. Es decir, «dos meses antes» de recibir «justo antes de Navidades» la «queja formal» que las 13 compañías europeas trasladaron en una carta conjunta al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, el pasado 15 de diciembre. El portavoz ha confirmado también la recepción de «la primera respuesta» de Budapest el pasado 17 de diciembre, aunque no dio detalles sobre su contenido.

En todo caso, Bruselas ha dejado claro que la queja formal de estas compañías no prejuzga los resultados de la investigación que ha lanzado el Ejecutivo comunitario. «Las quejas formales, que es lo que hemos recibido de estas compañías, no constituyen un caso. Tenemos que investigar primero y esto es lo que estamos haciendo desde el 20 de diciembre», ha puntualizado.

Los grupos energéticos alemanes RWE y E.ON, además de Deutsche Telekom, el grupo de seguros alemán Allianz, el banco holandés ING, la aseguradora francesa Axa, así como la firma energética checa CEZ y la austríaca OMV han solicitado al Ejecutivo comunitario que «convenza al Gobierno húngaro de la importancia de que existan condiciones legales estables para los inversores» y que logre que «Budapest retire estos impuestos injustos» aplicados a las inversiones extranjeras o que les aplique sanciones.