Campo se reunirá con los jueces para acallar las críticas a la reforma del CGPJ

Las asociaciones de jueces pedirán al ministro la despolitización del CGPJ y le entregarán un manifiesto con 20.000 firmas de apoyo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunirá con tres asociaciones de jueces este viernes para acallar las críticas de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también de la oposición.

El ministro Campo ha decidido atender a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y a Foro Judicial Independiente (FJI) un día después del Pleno del CGPJ, donde se aprobarán cuatro nuevos nombramientos y se discutirá sobre la propuesta del Gobierno para limitar los derechos de este órgano, a expensas del posterior comunicado de los magistrados con posibles críticas hacia el Gobierno. 

Tal y como publicó Economía Digital, hasta 11 vocales (entre ellos jueces progresistas) solicitaron este lunes a su presidente, Carlos Lesmes, un pleno para debatir la propuesta del Gobierno que limita sus competencias.

Precisamente, la reforma fue aprobada este martes en el Congreso, gracias al voto del PNV, Bildu y los independentistas.

A continuación, la medida pasará al Senado para su tramitación y el PSOE pretende que sea aprobada a primeros de año, «cuanto antes», explican fuentes parlamentarias.

Para ello, manejan pedir la habilitación del mes de enero, que en ocasiones se muestra como inhábil, para sacar adelante las medidas que el Gobierno considera «urgentes», entre ellas destaca ésta. 

20.000 firmas contra la ‘politización’ de la Justicia

Las asociaciones de jueces llevan más de un mes criticando la actuación del Gobierno y tachando la medida, incluso, de «anticonstitucional». 

El objetivo de estas asociaciones en la reunión del viernes es entregar a Campo el ‘Manifiesto por la Independencia Judicial’, que en apenas un mes ha recabado más de 20.000 firmas para reclamar que se despolitice ya el CGPJ. 

Las asociaciones reclaman, asimismo, que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano. Unas propuestas que van justamente en sentido contrario a la norma que pretenden aprobar los socialistas «cuanto antes». 

Estas tres asociaciones, que suman más de 2.500 jueces y magistrados, se han reunido ya con el Partido Popular, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos. Asimismo, aseguran que tenían el pasado jueves una reunión con el PSOE pero, finalmente, por «problemas de agenda» tuvieron que aplazarla para este viernes, cuando les recibirá el ministro. 

Desde las tres asociaciones tienen claro que lo primero que recordarán al ministro Campo es la petición del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que una y otra vez insiste a España en que debemos despolitizar el actual sistema de designación del CGPJ para permitir que los jueces participen en la elección de al menos la mitad de nuestro propio órgano de gobierno, que no puede ser ni parecer independiente mientras siga dependiendo única y exclusivamente de repartos políticos entre dos o más partidos. 

Estos grupos trasladarán también al titular de Justicia la «preocupación» que existe entre los magistrados por «la deriva que estamos apreciando por parte de determinados reponsables políticos». Entienden, por sus discursos, que no creen en la separación de poderes y «eso es muy grave en nuestra democracia», señalan. 

El malestar interno del CGPJ viene de lejos. El órgano que dirige a los jueces anunció el pasado 30 de octubre que permanecería vigilante ante la propuesta, sobre todo, si fuera tomada en consideración por el Congreso. Asunto que justamente se debate este martes en sede parlamentaria. 

Una «intromisión del Gobierno»

Las espadas siguen más en alto que nunca hasta el punto que la Asociación Profesional de Magistratura (APM) denuncia una «auténtica intromisión del Gobierno» en la reforma del CGPJ.

Su portavoz, María Jesús del Barco, sostuvo que el CGPJ debe seguir actuando mientras no se produzca su renovación y denuncia que «la reforma que se pretende por parte de Unidas Podemos y PSOE, en definitiva por el Gobierno, es vaciar de contenido a las funciones» de este órgano.

Cree que su intención es «evitar que el consejo que haga nombramientos, una vez mas obviando la separación de poderes y obviando el respeto a la independencia judicial» porque, según explicó, «debe entender que estos nombramientos no le favorecen».

Por ello, recalcó que «supone una autentica intromisión del Ejecutivo y Legislativo en el poder Judicial», por lo que desde la AMP no pueden «hacer otra cosa que rechazar esta reforma que llega este martes al Congreso».

Asimismo, emplazó a los políticos a alcanzar la mayoría de 3/5, «mientras tanto, su incompetencia o incapacidad para llegar a un acuerdo no la trasladen a un órgano constitucional e independiente de su actividad política», declaró.

Lesmes continúa con los nombramientos

A pesar de las presiones del Gobierno con su propuesta, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, continuará en el pleno de este jueves realizando cuatro nombramientos en la cúpula judicial, el de presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Burgos) y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Cáceres.

Además, se dará luz verde a la aprobación de varias bases de convocatoria de plazas que se quedan ahora vacantes en el Tribunal Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas, la de lo Civil, la de lo Contencioso-Administrativo, la Social y la Militar, así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.

Sánchez y Casado mantienen rotos los puentes

La única gran esperanza de los magistrados se centraba esta semana en la llamada del presidente Pedro Sánchez al líder de la oposición Pablo Casado para desencallar la situación.

Ambos dirigentes estuvieron hablando durante 45 minutos, según sostiene Moncloa, y los dos comprobaron que las posiciones siguen enrocadas. 

«Pese al nuevo llamamiento del presidente del gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78, la conversación no ha permitido avances y sólo ha servido para comprobar que la posición de bloqueo del PP sigue siendo la misma«, según señaló el Gobierno. 

Los populares fueron al grano y, fuentes de Génova, aseguran que Casado le recordó sus condiciones: no se opone a la reforma del CGPJ, siempre y cuando Podemos no se lleve ningún trozo del pastel, es decir que no pueda elegir a los vocales de este órgano.

También le recordó que «la gestión de los fondos europeos debe de hacerse de manera profesional e independiente»; el popular le tendió la mano para sellar un pacto sanitario por la pandemia y le expresó su preocupación por los recientes ataques a la Corona, por parte de su socio de Gobierno (Unidas Podemos) y el «blanqueamiento» que el PSOE y sus socios están haciendo a Bildu. 

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