El abogado de Carles Puigdemont entra en pánico

Gonzalo Boye vincula el futuro del líder huido con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones de inmigrantes en caliente

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El abogado de Carles Puigdemont ha encendido todas las alarmas después de que, la semana anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalara las devoluciones de inmigrantes en caliente. Más allá de haber llevado –junto a la ONG alemana European Center for Constitutional and Human Rights– el caso de uno de los demandantes que saltaron la valla de Melilla en 2014, Gonzalo Boye cree que la decisión de la Justicia europea aleja aún más el escenario de que la misma sala defienda a su cliente, el expresident fugado a Bruselas, cuando llegue el momento de elevar su situación a Estrasburgo.

El pasado 13 de febrero, la Gran Sala del TEDH –la más alta instancia de la corte– rectificó y validó las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en Melilla, librando a España de la culpa de incumplir la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo. Además, el tribunal consideró que «los demandantes se pusieron ellos mismos, de hecho, en una situación ilegal cuando intentaron de forma deliberada entrar en territorio español (…) de una forma no autorizada». El fallo es inapelable y fue aceptado por unanimidad en el TEDH, causando con ello revuelo.

Unos días después, concretamente el pasado 15 de febrero, Boye se refirió a la sentencia en su tradicional columna de opinión en El Nacional. El letrado se refirió al fallo como un «volantazo, porque no tiene otro nombre» y avisó que el mismo presagia «no ya un cambio de ciclo jurisprudencial, sino un auténtico abandono de la función» que tiene encomendada el tribunal, que es «la defensa de los derechos humanos en el ámbito europeo». Parecía que por primera vez en meses su artículo no versaría sobre las aventuras del independentismo, pero el abogado ha trazado un nexo entre este caso y el de Puigdemont.

Y es que la decisión del TEDH sobre las devoluciones en caliente ha activado el pánico de Boye, que ha afirmado que la sentencia «bien ha podido marcar un antes y un después cuyas consecuencias se harán sentir no solo en el plano de los derechos de las personas migrantes sino en los de todos aquellos a los que dicho tribunal debe tutelar». Entre ellos, el líder independentista fugado convertido en eurodiputado con el que el abogado ha trabajado codo con codo durante los últimos años y con quien ha fantaseado con que el TEDH les dé en el futuro la razón sobre el desafío separatista y su hipotética inocencia.

Boye entiende que la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente supone también un revés para Puigdemont porque, «si se considera que alguien que se ha saltado una norma, sea administrativa, civil o penal, queda privada de las garantías reconocidas en el Convenio [Europeo de Derechos Humanos], entonces acudir al TEDH, con una sentencia condenatoria bajo el brazo, implicará que esa persona no podrá obtener la protección de sus derechos». Y si esa condena es por sedición, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, «mejor ni hablar», ha añadido el abogado.

Acaba acusando al TEDH se asumir «un nuevo rol como garante a nivel europeo de un derecho de derechas, que es algo que ya vienen practicando algunos tribunales nacionales y que tan claro vemos en España» Y admite sentir temor por lo que esto supone a futuro para sus otros casos pendientes: «Las consecuencias de este giro las veremos en breve y confiemos en que no sean de la intensidad que me imagino».

Otro revés para Puigdemont

Precisamente, este lunes Puigdemont ha fracasado en su intento por burlar más la Justicia española. Confiado en que el tribunal belga que debe investigar su euroorden la retiraría por tener ahora inmunidad como eurodiputado, el líder independentista ha conseguido lo contrario. La Justicia belga no ha aceptado su solicitud de anular la causa pero sí que la ha aplazado la decisión hasta que el Parlamento Europeo decida si le retira la inmunidad tras recibir un suplicatorio por parte del Tribunal Supremo español.

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