El CGPJ desafía a Sánchez y debatirá si se pronuncia sobre la eliminación del delito de sedición

PSOE y Unidas Podemos presentaron la reforma del Código Penal como una proposición de Ley, lo que permite eludir los informes del CGPJ y del Consejo de Estado

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sustitución tras la dimisión de Carlos Lesmes, Rafael Mozo. EFE/ Mariscal POOL

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá si pide al Congreso informar sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición y convertirlo en desórdenes públicos agravados, después de que ocho vocales del grupo conservador del órgano de gobierno de los jueces lo hayan solicitado.

Y es que, al presentar la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición como una proposición de Ley, el PSOE y Unidas Podemos querían esquivar que los órganos asesores y consultivos se pronunciaran con sus informes.

A través de una carta, los vocales han reclamado al presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, que incluya en el orden del día del próximo 24 de noviembre un punto para abordar esta petición. Pues, según han recordado los ocho vocales, «existen precedentes» en el órgano de emisión de informes sobre proposiciones de ley.

Falta de petición de informe

De esta manera, los ocho firmantes se proponen lograr un pronunciamiento acerca de la falta de petición de informe de la «Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso».

Tras recordar que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afectan al Poder Judicial se sometan a un informe previo de los Consejos de Justicia, los ocho vocales han solicitado que se sopese si se sería necesario que «el Pleno evacuase dicho informe».

En este sentido, han afeado que en «reiteradas ocasiones» haya «importantes reformas que afectan al Poder Judicial» que «en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma».

Registro de la proposición de ley

PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso de los Diputados hace unos días una proposición de ley para reformar el delito de sedición y reemplazarlo por uno de «desórdenes públicos agravados» que, en la práctica, rebaja las penas tipificadas.

En concreto, el texto de la proposición modifica el artículo 557 del Código Penal para rebajar la pena máxima actual de cárcel de 15 años a cinco para quienes, siendo cargo público, actúen «en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación» sobre las personas o las cosas, obstaculicen vías públicas o invadan instalaciones o edificios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre del G20 celebrada en la isla indonesia de Bali. Foto: Borja Puig de la Bellacasa (Moncloa)

La pena mínima de prisión para los cargos públicos que cometan ese delito será de tres años más una «inhabilitación especial para empleo o cargo público» por el mismo tiempo.

Aunque, en el caso de que los autores sean además autoridad, la pena de inhabilitación asciende a entre seis y ocho años. Sin embargo, no se modifican las penas del delito de rebelión, que se mantienen en un máximo de 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.