El CGPJ pide al Congreso que frene la reforma judicial de Pedro Sánchez

Por amplia mayoría, los vocales del Consejo General del Poder Judicial acuerdan pedir al Congreso que recabe su opinión sobre la reforma de Sánchez

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial./ EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedirá al Congreso de los Diputados que recabe primero su opinión y la de otros organismos antes de poner en marcha la reforma judicial planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, ha decidido plantar cara a los ataques del Ejecutivo.

Así lo han decidido 16 vocales del órgano de gobierno de los jueces en un pleno este jueves. Su posición es que las Cortes no pueden tomar una decisión como esta sin antes escuchar a las partes implicadas, no solo al propio Consejo, sino también a las asociaciones judiciales o al Consejo de Europa.

El acuerdo, que por los números se sabe que ha sido votado incluso por jueces propuestos por el PSOE, insta a la Cámara baja a que solicite informes al CGPJ y a los otros organismos “a los efectos oportunos”, informan fuentes conocedoras de la votación a El Mundo y ABC.

El texto que solo han rechazado cinco vocales señala la “exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas”, que “ha sido establecida por las instituciones europeas […] en relación con el respeto a los principios propios del Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial que constituyen el fundamento de la Unión”.

PSOE Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, pretenden resolver el “no” del PP a negociar las sillas del Consejo con una proposición de ley que pretende rebajar las mayorías para su elección y evitar que el órgano de gobierno judicial pueda hacer nombramientos cuando está en funciones.

Nuevos nombramientos del CGPJ

En el pleno de este jueves, el CGPJ también ha aprobado cuatro nombramientos de cargos judiciales, en pleno debate de la reforma de Sánchez e Iglesias que pretende precisamente prohibir que el gobierno judicial tome este tipo de decisiones cuando está en funciones, como sucede actualmente.

Se trata, naturalmente, de otro gesto de desaprobación a las presiones del Gobierno, y solo tres de sus 21 vocales se han mostrado en desacuerdo con estos nombramientos: Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, que están en contra de que el Consejo siga designando cargos a pesar de que su mandato expiró hace más de dos años.

En todo caso, el Consejo ha nombrado a José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto vacante desde que su antecesor, Ricardo Bodas, fue designado magistrado del Tribunal Supremo.

También se ha elegido a María José Renedo Juárez como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a David Ordónez Solís como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJ de Asturias, y a Joaquín González Casso como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres.