El Gobierno insiste en El Prat: urge a la Generalitat a decidir si quiere la ampliación del aeropuerto

La ministra Raquel Sánchez asegura ante los empresarios catalanes que “se puede avanzar mucho” a pesar de que la inversión no comenzaría hasta de aquí cinco años

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante el acto celebrado este viernes en la sede del Cercle d’Economia.

Aunque pueda parecer el día de la marmota, el Gobierno reabrió la carpeta del aeropuerto de Barcelona-El Prat. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pidió de nuevo a la Generalitat de Cataluña que se aclare y decida de una vez “si apuesta por la obra o no” después de retirarse del pacto alcanzado el pasado 2 de agosto y dejar la obra fuera del último Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA)

En un acto organizado en el Cercle d’Economia, la titular de la cartera de infraestructuras urgió al Govern de Pere Aragonès a que clarifique su posición sobre una instalación que debía movilizar hasta 1.700 millones de euros. “Seguimos pensando que es un buen proyecto para España y Cataluña, es un proyecto que no abandonamos, pero necesitamos que la Generalitat defina clarísimamente su posicionamiento y su apuesta por la operación”, advirtió ante los empresarios catalanes allí reunidos.

El presidente de la institución, Javier Faus, recriminó a la ministra la respuesta a los vaivenes de la Generalitat: abandonar el proyecto durante un lustro, el tiempo en el que estará vigente el actual DORA. Sánchez se mantuvo firme en que las inversiones no llegarán hasta entonces, pero matizó: “se puede avanzar mucho a nivel de estudios y proyecciones”.

La representante de Transportes recalcó que “no hubo prisas”, como se le ha reprochado al Gobierno en muchas ocasiones. “Se habían constituido mesas técnicas, el 2 de agosto se llegó a un acuerdo, iba todo perfecto hasta que llegó la división interna de la Generalitat, cuando medio Govern dijo que iría a una manifestación contra el aeropuerto”, recordó. Y volvió a insistir: “Es importante que la Generalitat defina su posicionamiento si quiere volver al diálogo”.

En un auditorio estaban Maurici Lucena, presidente de Aena; Salvador Alemany, presidente de Saba; Josep Oliu, expresidente de Banc Sabadell; Jordi Gual, expresidente de Caixabank; o Amancio López, presidente de Hotusa. Todos con mascarilla a excepción del exvicepresidente del FC Barcelona, Jordi Moix. Para la satisfacción general, la ministra volvió a tender la mano a la ampliación a pesar de posponer la ejecución de la obra.

Envió el balón al tejado de la Generalitat. “Todo depende del Govern, que se clarifique”, zanjó.

El Gobierno defiende la ley de la vivienda

El otro frente que el Ejecutivo tiene abierto es la nueva Ley de Vivienda, que despertó las iras de, por ejemplo, el Banco de España. “Es pan para hoy, pero hambre para mañana”, lamentó el regulador sobre la limitación de los precios del alquiler para grandes propietarios. La receta que comparten la mayoría de los empresarios para atajar el problema del acceso a la vivienda es incrementar la oferta.

La ministra aseguró a las preguntas del empresariado que “la nueva norma dará seguridad tanto a los arrendatarios como a los propietarios”. “¿Y las viudas que apenas han cotizado y se mantienen con los ingresos del alquiler?”, le inquirió la notaria Camino Quiroga, también secretaria de la junta del Cercle. “Que no se preocupen, que la limitación de precios es solamente para grandes propietarios, con más de 10 pisos en propiedad, cosa que no creo que sea el caso”, respondió.

Sánchez defendió que la nueva ley garantizará el acceso a la vivienda digna, conseguirá que los precios del alquiler no sean inaccesibles pero a su vez también protegerá a los propietarios que ponen los inmuebles al mercado. “Son medidas compatibles, pues las limitaciones solo afectan a los grandes tenedores”, insistió.

Además, desveló que el seguro de impago del alquiler diseñado en un primer momento solo para los jóvenes se aplicará también para las personas económicamente vulnerables. La ministra no explicó quiénes se podrán considerar vulnerables, pero sí sostuvo que entrará en vigor al mismo tiempo que la normativa estatal.