El govern Torra se precipita a la tercera prórroga presupuestaria

Aragonès prevé ahora aprobar el proyecto de cuentas antes de fin de año, lo que obligará a volver a prolongar las de 2017 al menos durante dos meses

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La Generalitat entrará en 2020 todavía con las previsiones presupuestarias de 2017. Pese a que se había conjurado para evitarlo, la Generalitat está ya condenada a activar una tercera prórroga consecutiva de aquellas últimas cuentas aprobadas en el Parlament de Cataluña, al menos para ir tirando durante los meses de enero y febrero del año que viene. El gobierno de Quim Torra sigue saltándose sus propios plazos y ya no hay tiempo material para aprobar antes los presupuestos.

El vicepresidente, conseller de Economía y hombre fuerte de ERC en el govern, Pere Aragonès, admitió este miércoles en Catalunya Ràdio que el nuevo objetivo es tener el proyecto presupuestario listo «a finales de año».

De hecho, ya no hay margen para que sea antes, porque, según explican fuentes de la cámara catalana, la Mesa del Parlament, donde la mayoría la ostentan JxCat y ERC —los dos socios que integran el govern Torra—, todavía no ha iniciado la tramitación para aprobar los presupuestos de la propia cámara, los del Consejo de Garantías Estatutarias, los de la Sindicatura de Cuentas y los del Síndic de Greuges, que una vez tiran adelante son remitidos a la Generalitat para que incorpore esos números a su propuesta presupuestaria. 

Sobre el papel, las cuentas de la cámara y los otros tres entes asociados se deberían aprobar en septiembre o a principios de octubre —aunque el año pasado, ya lo hicieron el 12 de diciembre—, y el govern debería dar luz verde a su borrador de cuentas y remitirlo al Parlament para iniciar su tramitación en el Parlament antes del 10 de octubre, para que, cumpliendo con el plazo mínimo de dos meses para presentar enmiendas al texto, haya tiempo de aprobarlo antes de final de año y que de ese modo pueda entrar en vigor el 1 de enero. Así al menos lo establece por defecto la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña. 

Pero además, y con independencia de esa previsión normativa —que puede incumplirse sin más consecuencia que la aprobación de una prórroga técnica automática si a inicios de año aún no están listas las cuentas—, el pasado julio, tanto el Parlament como el propio govern fijaron como límite para dar el pistoletazo de salida a la tramitación el 31 de octubre.

Los comunes, cada vez más lejos de Torra

A finales de agosto, Aragonès anunció que el gasto previsto será de 2.500 millones de euros más que en las últimas aprobadas, las de 2017, y superior en 795 millones al que constaba en el anteproyecto de presupuestos de este 2019 que finalmente se quedó en el cajón.

Esas son por ahora las únicas cifras conocidas del borrador del govern, y hasta el propio responsable económico de Catalunya en Comú Podem (CECP), David Cid, las ha puesto en duda. Una enmienda que no es menor, porque los comunes son los únicos que han mostrado predisposición a pactar las cuentas, aunque la nueva subida de tensión en Cataluña asociada a la repetición electoral del 10-N y a la sentencia de la causa del procés ha empeorado a marchas forzadas su relación con el ejecutivo y, muy especialmente, con el president Torra, al que ya le han pedido repetidamente la dimisión y que convoque elecciones.

Este mismo miércoles, Torra se volvió a enfrentar a la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem (CECP) en la cámara catalana, Jéssica Albiach, esta vez a raiz del preacuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para formar un gobierno de coalición. «Espero que con ustedes, sepamos qué respuesta tiene España para Cataluña», la desafió Torra, que instó a los comunes a defender en el Consejo de Ministros que Cataluña es una  nación y tiene derecho a decidir y que hay presos políticos, así como la amnistía para los mismos, aspectos que la confluencia de izquierdas ha defendido repetidamente en el Parlament e incluso llevaba en su programa electoral.

La palanca con la que cuenta el govern para torcer el brazo a los comunes son las cuentas del ayuntamiento de Barcelona, donde el gobierno de Ada Colau tampoco cuenta con los  apoyos suficientes para tirarlos adelante. También este miércoles, en una comisión municipal extraordinaria de Economía, la abstención de ERC permitió a Colau proseguir la tramitación de los mismos, mientras que JxCat no solo votó en contra, sino que criticó a Esquerra, a la que, por boca de Elsa Artadi, acusó de hacer «seguidismo» del gobierno de Barcelona en Comú y el PSC.

Trampa para Aragonès

Un fracaso de los presupuestos podría precipitar el fin de la legislatura catalana, un escenario deseado por ERC pero no por JxCat. Por eso, los posconvergentes, con Torra a la cabeza, insisten en descargar sobre las espaldas de Aragonès, favorito de Oriol Junqueras como eventual presidenciable, la responsabilidad de las negociaciones. El martes, sin ir más lejos, Torra subrayaba por enésima vez que tiene «toda la confianza» en su vicepresidente para que las cuentas tiren adelante.

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