El PSC salva a Artur Mas de ser investigado por el parlamento catalán

El parlamento catalán, con los votos del PSC, descarta investigar la adjudicación de ATLL que realizó el gobierno de Artur Mas a Acciona

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El parlamento catalán rechazó este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) efectuada por el gobierno de Artur Mas a finales de 2012. La propuesta se desechó gracias al apoyo del PSC a las dos formaciones independentistas que se reparten el Govern pero que no tienen mayoría parlamentaria.

La creación de la comisión, propuesta por Ciudadanos y Catalunya en Comú-Podem, fue rechazada por 76 votos en contra (Junts per Catalunya, ERC y el PSC) y 46 votos a favor (Ciudadanos, Catalunya en Comú-Podem, la CUP y el PP). De no contar con el apoyo de los socialistas, la comisión habría visto la luz.

El Tribunal Supremo anuló la adjudicación de ATLL que realizó el gobierno de Mas a un consorcio liderado por Acciona. En la actualidad, la Generalitat y Acciona negocian una indemnización por la rescisión del contrato. Pese a las irregularidades del proceso, el parlamento catalán descartó la constitución de una comisión especial de investigación.

La comisión de liquidación de la Generalitat reclamó 38,43 millones de euros a la concesionaria que lidera Acciona en concepto de rescisión del contrato. Posteriormente, la mencionada comisión rehizo sus cálculos y, en vez de reclamar, propuso abonar a la concesionaria 53,87 millones de euros. Esta última no lo aceptó. El caso sigue judicializado.

Intervenciones de los grupos

Marina Bravo, portavoz adjunta de Cs, insistió en que la “magnitud de la chapuza” de ATLL hace que una comisión de investigación sea “imprescindible”. Bravo subrayó en que el proceso de adjudicación fue “un total despropósito” del gobierno de Mas para “tapar las vergüenzas de su mala gestión” y poder pagar las nóminas de los funcionarios.

Lucas Ferro, de los Comuns, recalcó que “la privatización de ATLL es el mayor espolio de derechos públicos de la historia de Cataluña”. Recordó que el autollamado “gobierno de los mejores” que lideró Mas repitió el “mantra de la deuda pública” para justificar la privatización. Añadió que la deuda pública en 2011 era del 17,5% del PIB cuando en la actualidad alcanza el 35%.

Jordi Tarradas, del PSC, enumero a los “responsables” políticos de aquella “chapuza”: Artur Mas, Andreu Mas-Collell, Lluís Recoder, Santi Vila, Josep Rull, Pau Villòria, Lleonard Carcolé y Joan Pinyol. Sin embargo, indicó que su grupo no ve la necesidad de crear una comisión de investigación específica porque la sentencia del Tribunal Supremo “cierra el proceso y abre un nuevo momento” que es el del pago de indemnizaciones.

Tarradas recalcó que el PSC siempre se opuso a la adjudicación y que defenderán los “intereses públicos”. Añadió que no se fían de los cálculos de la Generalitat porque primero reclamaron 38,43 millones de euros a Acciona, después pasaron a ofrecerles 53,87 millones y, ahora, preparan una tercera propuesta. Lanzó una pregunta sin recibir ninguna respuesta: ¿qué pasa con los mil millones de euros de déficit de las cuentas de la Generalitat del 2012 que desaparecieron gracias a la adjudicación de ATLL a Acciona?

Narcís Clara, de Junts per Catalunya, argumentó que les “circunstancias económicas del momento” fueron la causa de la privatización de ATLL. ERC también voto en contra de la comisión pese a que siempre fueron críticos con la adjudicación.

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