Feijóo tacha de «irresponsabilidad histórica» la rebaja del delito de sedición

El líder del PP carga contra Sánchez por "poner siempre su interés político por encima del de España"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Martínez.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Martínez.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la reforma del delito de sedición anunciada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presentada este viernes vía proposición de ley de los dos grupos que forman el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha considerado, a través de unos mensajes en su Twitter, que es una «irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados», además de «una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma». El líder del PP ha cargado contra Sánchez por «poner siempre su interés político por encima del de España» y se ha comprometido a devolver a España «la calidad democrática que se merece».

Desde el PP también avanzaron el jueves tras conocer el anuncio que «ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE, ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus mandos intermedios es una traición a los valores que un día decidieron representar», sentenciaron.

Rebaja de las penas

La reforma consiste en reemplazar el actual delito de sedición contemplado en el Código Penal por uno de «desórdenes públicos agravados», algo «más o menos homologable», según Sánchez, a las democracias del entorno, entre las que citó las de Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza. Según el texto que se presenta este viernes en el Congreso, esto supone rebajar la pena máxima actual de 15 años a 5 años de inhabilitación u 8 años de inhabilitación si el delito lo comete un cargo público.

El jefe del Ejecutivo niega que este paso esté vinculado al apoyo de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), e incide en que es «un paso adelante de homologación con Europa», para cambiar un delito que se promulgó en 1822.

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