Fernando Simón, en apuros: debe desenmascarar a su ‘comité de expertos’ oculto

Repaso de Transparencia al Ministerio de Sanidad: tiene diez días para publicar los nombres y apellidos de los expertos que le asesoran por la Covid-19

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha apercibido al Ministerio de Sanidad por negarse a dar a conocer los nombres y apellidos de los expertos que han asesorado al Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

Cuando en mayo Fernando Simón rechazó desenmascarar al comité de expertos de Sanidad —alegando que, de hacerlo, estas personas recibirían «presiones» que no les permitirían trabajar con «suficiente libertad»—, un ciudadano reclamó esta información ante Transparencia.

Casi siete meses han pasado y la identidad de los expertos en los que amparó muchas de sus decisiones el Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los enigmas del año. En una respuesta al Defensor del Pueblo, el Ejecutivo incluso insinuó que no existía el comité al que no pocas veces aludió.

Ahora, Transparencia ha dado un repaso a Sanidad, no solo por su negativa a publicar esta información sino también por su actitud durante el proceso. El Ministerio dirigido por Salvador Illa no respetó los plazos, interpretó a su gusto la normativa y ocultó respuestas al Consejo, según un informe publicado este lunes.

Así, Sanidad tiene un plazo de diez días hábiles para remitir el «número, nombre y apellidos de los expertos» que supuestamente han asesorado al Gobierno durante la pandemia, especialmente en la confección del plan de desescalada del confinamiento, cuando más se les mencionó en las ruedas de prensa oficiales.

Transparencia contradice a Simón y a Sanidad

En su resolución, con fecha del 30 de noviembre de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afea que Sanidad tardase hasta tres meses en aceptar la solicitud de información del reclamante, y que encima fuese para desestimarla. Además, el departamento ya antes había dilatado los plazos para responder fuera de los lapsos legales.

La ley de transparencia, dice el escrito, no dispone de ampliaciones de plazos para «disponer de más tiempo para preparar una resolución y, finalmente, acabar por no dar la información solicitada», sino para situaciones en las que «se necesite más tiempo para buscar la información». Sanidad hizo lo primero.

«En el presente caso, la Administración simplemente ha realizado un análisis intelectual y jurídico de la solicitud y ha entendido que no puede proporcionar la información requerida. Una respuesta que, tal y como se ha efectuado, pudiera haber sido realizada en un plazo mucho más breve de tiempo y siempre dentro de ese mes inicial a que está obligada», reza la resolución.

A mediados de septiembre, Sanidad remitió un escrito al reclamante pero no a Transparencia, en el que argumentó su negativa a publicar los nombres de los expertos porque son «personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo», señalando que correspondía a la Dirección General de Salud tomar decisiones sobre la desescalada.

Asimismo, el Ministerio decía lo mismo que había dicho Fernando Simón: que publicar sus nombres «afectaría la protección de datos de carácter personal». Entre esta y las anteriormente mencionadas razones, Sanidad vio motivos suficientes para desestimar la solicitud, algo con lo que Transparencia discrepa.

El Consejo ha puesto en conocimiento de Sanidad una serie de resoluciones y normativas para fundamentar que no es de aplicación el límite a la protección de datos invocado por el Gobierno para desestimar la petición «al tratarse de datos meramente identificativos».

Concluye la resolución que desvelar el comité de expertos del Gobierno «no solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública».

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