El Govern recurrirá la resolución del Tribunal de Cuentas

Los encausados deberán responder solidariamente a un embargo de 5,4 millones de euros

La economía catalana crece a menor ritmo que la española en el segundo trimestre. En la imagen, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)

En la imagen, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)

Tras el varapalo del Tribunal de Cuentas, que ha rechazado que el Institut Català de Finances ejerza como avalista de los 34 altos cargos de la Generalitat, el embargo de líquido y de bienes inmuebles parece inevitable. La Generalitat tiene capacidad para interponer un recurso más allá de la ejecución del alzamiento de bienes.

Desde ERC dan por hecho que el Govern de la Generalitat recurrirá la decisión del Tribunal de Cuentas, incluso haciendo “ingeniería legal”, algo que acaba de confirmar el conseller de Economía Jaume Giró. El representante del Govern ha explicado que se trata de una “decisión política con ánimo de venganza” y ha insistido en que los avales son “plenamente vigentes y legales”.

Giró ha sembrado la duda de la desconfianza con la renovación del Tribunal de Cuentas, un pacto anunciado por el PSOE y el PP pocos minutos antes de conocerse la noticia. El conseller de Economía ha lamentado que esta decisión se conoce “casualmente” tras el pacto entre los dos grandes partidos en el Congreso.

Tres meses sin encontrar aval privado

El conseller sigue buscando a un avalista privado que se haga cargo de las fianzas de los 34 encausados, una búsqueda que empezó a finales de julio y que no se ha resuelto hasta ahora. Los grandes bancos han rechazado aceptar el ofrecimiento del titular de Economía y se había teorizado incluso buscar una entidad extranjera.

El Tribunal de Cuentas ha decidido rechazar los avales del Instituto Catalán de Finanzas para cubrir las fianzas por valor de 4,5 millones de euros exigida a ex-altos cargos del Govern por participar en la acción del Diplocat para dar a conocer el ‘procés’ independentista en el exterior.

La decisión del Tribunal de Cuentas ha llegado sin el informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la idoneidad de este mecanismo de aval, después de que la Abogacía del Estado se inhibiera de posicionarse sobre esta cuestión y entendiera, según constó en un auto publicado el pasado mes de septiembre, que no procedía.

Un decreto-ley aprobado por amplia mayoría

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, aseguró que todavía tenían que analizar cómo el tribunal había argumentado en su resolución para estudiarla de forma “jurídica y no política”. La Generalitat aprobó el decreto en forma de proyecto de ley con un amplísimo apoyo en el Parlament. De hecho, solo Vox, Cs y PP rechazaron la medida, mientras que el PSC optó por la abstención.

Plaja ha insistido en que el mecanismo aprobado por Jaume Giró es “sólido jurídicamente”, aunque ha evitado pronunciarse hasta que el conseller de Economía ha desvelado el recurso que la Generalitat presentará tras a la decisión del Tribunal de Cuentas. La portavoz sí insistió en que los avales del ICF fueron respaldados por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y el Parlament.

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