Históricos del PSOE recogen 22.000 firmas para defender el castellano como lengua vehicular

Históricos dirigentes del PSOE han recogido 22.000 firmas contra la ‘Ley Celáa’ de Educación, que contempla la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza tras un acuerdo con ERC.

La propuesta iniciada por el socialista Antonio Miguel Carmona y el histórico dirigente del partido, Zenón Jiménez Ridruejo, ya lleva recogidas 22.000 firmas en la plataforma change.org en defensa del carácter vehicular del castellano en España y en contra de la enmienda de los independentistas. 

«Defendemos todos los idiomas españoles. El vasco, el catalán, el gallego y el castellano. Cualquier agresión a cualquiera de ellos tendrá nuestra reprobación. Ese sentido, Montse Bassa (ERC) es la que más claro lo tiene cuando dice que el español podrá enseñarse en Cataluña, no como vehicular, sino como el inglés o el francés», apunta Carmona. 

A la propuesta se han sumado históricos del PSOE como dos expresidentes del Senado, Juan José Laborda y Javier Rojo; el exsecretario general de la Seguridad Social Adolfo Jiménez; el exsecretario general de la UGT Cándido Méndez, la decana feminista Lidia Falcón, exministros como César Antonio Molina y José Barrionuevo, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra y el economista José Carlos Díez, entre otros. 

“La posición del PSOE ha sido siempre la misma: la defensa de todos los idiomas españoles, el carácter común y vehicular del castellano, como propio Celáa, y la cooficialidad en los territorios», asegura Carmona. 

Los firmantes han elaborado, además, un manifiesto en el que exponen que «en el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares». Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir», destacan.

El texto explica que «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla». 

«La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional», exigen los firmantes al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Exigimos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución», zanjan. 

El PSOE sigue defendiendo la propuesta 

El PSOE sigue defendiendo la propuesta de eliminar el castellano como lengua vehicular del Estado porque «no va a desaparecer». Así de contundente lo ha explicado este miércoles la portavoz parlamantaria, Adriana Lastra. 

Según la portavoz, con la ley Celaá el Gobierno está dando cumplimiento a la Constitución y no está haciendo que desaparezca el castellano en País Vasco, en Galicia o en Cataluña. 

La propia ministra Celáa ha salido de nuevo a defender la medida insistiendo en que las lenguas cooficiales «son riqueza cultural» y «merecen todo el respaldo y reconocimiento» y ha observado «razones políticas y no pedagógicas ni lingüísticas» en el recelo que despierta la inmersión lingüística.

«Las mismas personas que tildan la inmersión de no conveniente no objetan cuando se lleva a un alumno al colegio inglés, francés o alemán», donde también usan la inmersión, sentenció. 

El PP también recoge firmas 

El Partido Popular, siguiendo el ejemplo de los críticos socialistas, también ha iniciado una campaña para recoger firmas en contra de la ‘Ley Celáa’. Su líder, Pablo Casado, anunció que su partido ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, si el Gobierno mantiene su idea de excluir el castellano como lengua vehicular. La campaña de recogida de firmas se llevará a cabo en las sedes del PP, en las calles y de forma telemática, según anuncian desde Génova. 

«Se trata de un texto que no garantiza la libertad de elección por parte de los padres, la calidad de la educación, ataca la educación concertada y la educación especial, así como sepulta el valor del esfuerzo«, comenta el secretario general del PP, Teodoro García Egea. 

«¿Cómo es posible que el Gobierno haya sido capaz de tramitar sin consenso una Ley educativa tan importante que va a condicionar la formación de las futuras generaciones y no lo haya hecho con el plan alternativo que le ofreció Pablo Casado para no tener que recurrir al estado de alarma?», se preguntó el dirigente popular.