Iceta e Illa piden a Sánchez un referéndum sobre un nuevo Estatut

Gobierno y fuerzas independentistas comienzan a exponer sus posiciones de máximos con vistas a la mesa de diálogo. La autodeterminación que piden ERC y Junts representa una línea roja para Moncloa, que se inclina por un nuevo Estatut y otro sistema de financiación.

En el Gobierno no descartan que la famosa ‘vía Iceta’, a propuesta del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que antepone una España federal sea la solución de concordia que busca Pedro Sánchez para Cataluña. Una salida que mantiene abierta el propio ministro, según fuentes de su entorno. A su vez, el líder del PSC, Salvador Illa, apuesta abiertamente por un referéndum sobre un nuevo Estatut.

El resto de ministros guardan silencio asegurando que «todavía es pronto para hablar sobre una solución definitiva» o aseguran desconocer los planes del Gobierno señalando que «solo los sabe el presidente».

A pesar de ello, muchas han sido las críticas de los socialistas cuando Illa salió hace dos semanas en defensa de un referéndum para un nuevo Estatut, debido a su «precipitación» y por aceptar tan pronto el deseo de ERC de querer someter a referéndum las conclusiones de la mesa de diálogo.

El exministro de Sanidad señala que «Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene un Estatuto diferente al que votaron sus ciudadanos». En esta línea, añade que «estamos a favor de mejorar el autogobierno, y una herramienta es un Estatuto».

Desde el PSC insisten en la dirección de Illa y aseguran que «si es un referéndum para votar un acuerdo, estamos de acuerdo. Si es un referéndum de autodeterminación, es decir, sometemos a consideración de la ciudadanía una ruptura, nosotros no estamos de acuerdo«.

También han sido relevantes las matizaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a los medios de comunicación sobre un posible referéndum. «Tengo claro que lo que se haga tiene que hacerse dentro del ordenamiento jurídico y de la legalidad. Dentro de la legalidad cabe todo», dijo el ministro y continuó matizando sus palabras: «Dentro de la legalidad solo cabe lo que cabe».

Campo cerró la puerta, este jueves en una entrevista en Onda Cero, a un referéndum pactado, tal y como piden los independentistas: «El ordenamiento jurídico es claro y la CE establece qué tipo de consultas pueden hacerse con carácter consultivo y desde luego lo que no cabe bajo ningún concepto es que nadie decida por todos los españoles».

«Lo que decidimos y acordamos, por tanto, no cabe esa idea de referéndum de autodeterminación, porque lo prohíbe el ordenamiento y lo prohíbe la CE. El acuerdo que nos dimos en el 78 es de todos los españoles, por tanto lo que sea España lo decidirán todos los españoles», sentenció enmendando las palabras de Illa.

Gobierno y Generalitat se han dado dos años de plazo para buscar una salida al conflicto catalán coincidiendo con el ecuador de la legislatura catalana, en la que Pere Aragonès deberá de someterse a una cuestión de confianza según lo pactado con sus socios de Govern. Tampoco Pedro Sánchez lo tendrá fácil con la legislatura llegando a su fin, de no adelantar los comicios.

Las posiciones de Moncloa se enmarcan hacia un nuevo Estatut y una mejora del sistema de financiación para Cataluña, tal y como publicó ED. Será la oferta que buscan los socialistas llevar a la mesa de diálogo. «Todos los pasos que dé el Gobierno serán dentro de la Constitución y de nuestra legalidad jurídica», repiten sin cesar fuentes gubernamentales.

Al igual que Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha esquivado ya varias veces la pregunta sobre un posible referéndum. «Todos los españoles saben perfectamente cuáles son los límites», respondió.

ERC pediría votar ‘no’

El objetivo principal con el que los republicanos acudirán a la mesa de negociación es el de «votar, votar y votar», insisten como si fuera un mantra desde la dirección del partido de Oriol Junqueras. De ahí que si el pacto que se alcance en la mesa de diálogo sea la redacción de un nuevo Estatut, los republicanos se reservan, según ellos, la opción de hacer campaña en contra.

De rechazarse esta opción, las negociaciones podrían entrar en otra fase o incluso romperse hacia las posiciones más dura del nacionalismo. Tanto en el Gobierno como desde la Generalitat apuntan a que «está complicado el tema» porque nadie se mueve de sus posiciones.

Desde el Ejecutivo central insisten en que no se les pide que abandonen sus convicciones, pero sí una búsqueda de consensos que representen «el sentir transversal de la sociedad catalana».