La Asociación Profesional de la Magistratura exige la dimisión de Irene Montero

La asociación critica las "descalificaciones" de la ministra de Igualdad contra los jueces por la revisión de penas por delitos sexuales y los "ataques constantes" que Montero realiza a esta institución

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha exigido este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus descalificaciones contra jueces tras las revisiones de penas a la baja de la que se están beneficiando algunos condenados por agresiones sexuales al amparo de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ‘Ley del solo sí es sí’, que impulsó ese departamento ministerial.

En un comunicado, la asociación expresa «su más enérgico rechazo a las descalificaciones vertidas contra los jueces por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros responsables políticos» con ocasión del proceso de revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual, como consecuencia de la vigencia de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Además, argumenta que las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad se suman «a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia», por lo que exige su inmediata dimisión.

La asociación señala que en un Estado de derecho es «perfectamente admisible» la crítica a las resoluciones judiciales, aunque considera que sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran «dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional».

«Asumir con honestidad» que la norma puede rebajar penas

Para la APM, la acusación de Montero de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, además de «carecer del más mínimo rigor y sustento real», resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y «devastadora» en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos.

Ante estas críticas, afirma que «los jueces y juezas en España» están firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal. «Y ese compromiso», añade el comunicado, «comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva».

Por ello, asegura que «acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo«.

La APM considera que las descalificaciones son «totalmente reprobables», «sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los juzgados y tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual».