La Generalitat frena el proceso judicial de la Cambra para que la ANC agote su mandato
El Govern impugna decisiones a pesar de saber que los tribunales no le darán la razón. Roger Torrent ya advirtió que recurrirán la última sentencia, que invalidó parte de las últimas elecciones de la institución
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre (i) junto a la presidenta de la Cambra de Comerç. Mònica Roca (d)durante el acto en el que el mundo económico catalán pidió «un gran pacto institucional» que hiciera posible la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. EFE/Marta Pérez
El Govern emerge como escudo de de Mónica Roca en la Cambra de Comerç de Barcelona. La sentencia de la semana pasada que invalidó parte de los resultados de las últimas elecciones se topó con la respuesta inmediata del conseller Roger Torrent, que ya anunció que recurrirá la decisión. La maquinaria judicial de la Generalitat hace ya más de un año que está en marcha. Incluso cuando admite que su impugnación no tiene recorrido, la administración presenta sus objeciones para ralentizar los procedimientos que le son en contra.
El último recurso notificado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se produjo contra la decisión de anular el decreto que reguló los comicios de 2019. El Supremo ya desestimó las demandas de la Generalitat, que en paralelo presentó un segundo recurso ante la misma instancia, a sabiendas que la sala de lo contencioso-administrativo se inhibe en este tipo de movimientos.
El tribunal informó del recurso el pasado 30 de noviembre, según ha podido saber Economía Digital, a pesar de que los abogados del Govern habían recurrido ya el pasado 2020. En el documento remitido a los juzgados, la institución admite las escasas posibilidades de éxito. De no estimarse sus demandas, la Generalitat sí podrá al menos demorar los tempos judiciales.
El recurso al que ha tenido acceso este medio ya asume que «este Tribunal Superior de Justicia, a diferencia de los TSJ de otras comunidades, ha venido sosteniendo que no hay lugar para ningún recurso contra las resoluciones dictadas por las salas del TSJ». Una dosis de pesimismo en el mismo recurso enviado por la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la administración catalana.
Sin embargo, la Generalitat acude a argumentos Tribunal Constitucional para justificar la impugnación. Según el Govern, el tribunal sí tiene competencias para corregir sentencias dictadas en única instancia. Por ello procede, a su juicio, el recurso de casación.
El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo ya rechazó los recursos tanto de la Generalitat como del Consell General de Cambres de Catalunya a esta misma cuestión. El organismo confirmó la nulidad del decreto de 2018 que regulo el proceso electoral por el que se impuso Joan Canadell, de la candidatura Eines de País, bajo el auspicio de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Roger Torrent anuncia nuevos recursos
El recurso hecho público el pasado 30 de noviembre fue liderado por la entonces consellera d’Empresa, Àngels Chacón, la única consejera con carnet del Pdecat que quedaba en el Ejecutivo de Quim Torra. Hoy con Roger Torrent (ERC) en el cargo, la administración catalana mantiene la misma política. Entiende que su decreto era correcto. Recurre las decisiones judiciales y así de paso da tiempo a Mónica Roca –que sustituyó a Canadell a comienzos de año–.
La semana pasada se hizo pública otra sentencia del el juzgado contencioso administrativo número 15 de Barcelona que anulaba de forma parcial los comicios de 2019. Concretamente, la sala declaró nulos los resultados de las vocalías 8.5, 8.7, 9.1, 12.3, 12.4 y 12.6. El juez constató que el procedimiento “vulneró el derecho fundamental a la igualdad” por presunta falta de garantías al no haberse autenticado los votos de forma suficiente.
Torrent respondió el mismo día que recurriría la sentencia y sacó pecho de que el Govern lleve cuatro sentencias a favor de este procedimiento. Obvió las implicaciones de una resolución contraria por vulneración de derechos fundamentales.
Además, desde la Cambra corrieron a asegurar que la sentencia no tendría efectos reales en su gestión. En la institución se da por hecho que si el procedimiento se enmaraña en una telaraña de recursos –agravada por el impacto de la pandemia en los juzgados–, Roca podrá terminar su mandato sin que exista una decisión firma en contra de los comicios que dieron la victoria a la candidatura independentista.
