La Guardia Civil entra en el Parlament

La Guardia Civil entra en el Parlament en busca de pruebas documentales sobre la presunta malversación para financiar el 1-O

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La Guardia Civil se ha personado este miércoles en el Parlament de Catalunya. Los agentes han entrado en busca de pruebas documentales sobre la presunta malversación de fondos públicos para financiar la organización del referéndum ilegal del 1-O. Se trata de una de las acusaciones que se juzga desde hace semanas en el Tribunal Supremo (TS).

Los agentes se han personado con una orden judicial, dictada por el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El objetivo, concretamente, es localizar datos que vinculen las subvenciones públicas a partidos que pudieron ser utilizadas para organizar y promocionar la consulta ilegal en Cataluña.

Los agentes pidieron documentación sobre el acto que se realizó en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en julio de 2017. En aquel acto, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció las bases de lo que sería el referéndum del 1 de octubre (1-O) de aquel año. El Tribunal Constitucional ya lo había prohibido.

Concretamente, los agentes reclamaron la factura número 20170090 TNC, cursada por el Teatre Nacional de Catalunya al grupo parlamentario de Junts pel Sí. Precisamente este grupo parlamentario, que presidía el ahora acusado Jordi Turull, abonó 17.690,20 euros por el alquiler de las instalaciones del TNC.

Declaración de Turull

En su declaración en el Tribunal Supremo, Turull confirmó que el alquiler del TNC para el discurso de Puigdemont lo sufragó Junts pel Sí, grupo parlamentario integrado por el Pdecat y ERC.

Turull negó que el alquiler se hubiera pagado con fondos públicos. Señaló que los gastos corrieron a cuenta del grupo parlamentario. El problema es que sus fondos provienen de subvenciones públicas. Por lo tanto, se trata de fondos públicos que se utilizaron para los actos preparativos del referéndum ilegal.

Además de Puigdemont, en aquel acto en el TNC también tomó la palabra el propio Turull además de los republicanos Oriol Junqueras y Marta Rovira.

Sorprendentemente, la factura no estaba en poder del Tribunal Supremo, aunque la instancia que ahora la reclama es el juzgado de instrucción número trece de Barcelona.

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