Nadia Calviño en encara a Yolanda Díaz por las ayudas a los parados

Con esta medida, Trabajo esperaba beneficiar a cerca de 500.000 parados y, tras el recorte en su duración, llegará a la mitad de desempleados.

Los desencuentros dentro del Gobierno de coalición pasan factura a los desempleados. El Consejo de Ministros aprobó este martes un subsidio de 430 euros para parados que hayan agotado sus prestaciones entre el 14 de marzo, día que se declaró el estado de alarma, y el pasado 30 de junio. La medida, que este miércoles entra en vigor, ha visto recortada su duración, a tres meses, tras las discrepancias entre las ministras de Trabajo y Economía.  

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, acordó en junio con la patronal, CEOE y Cepyme, y los sindicatos, UGT y CC.OO., esta medida denominada ‘Acuerdo Social en Defensa del Empleo’ para que tuviera una duración de seis meses, hasta el 30 de septiembre, y fuera aprobada en ese mismo momento para paliar la crisis de personas vulnerables debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la medida quedó paralizada debido a las discrepancias con la ministra de Economía, Nadia Calviño, y “otros ministerios”, según cuentan a Economía Digital las fuentes consultadas.

El equipo de Díaz esperaba beneficiar con esta medida a cerca de 500.000 parados y, sostienen, que debido al recorte en la duración sólo beneficiará a 250.000 desempleados.

Una cifra insuficiente para los sindicatos que acordaron hace cinco meses la medida con la ministra de Trabajo. Pero, según desvelan a Economía Digital fuentes de la negociación, tanto los empresarios como los sindicatos confían en poder ampliar esta protección en futuras negociaciones.

Malestar en los sindicatos

Los sindicatos que acordaron esta prestación junto a la ministra Díaz, CC. OO y UGT, hicieron público este martes un comunicado criticando que la medida “llega tarde y mal”.

“La demora en la puesta en marcha de esta medida ha supuesto en la práctica el incumplimiento de un acuerdo alcanzado hace meses con los interlocutores sociales, que ahora se va a poner en funcionamiento con retraso y con menor alcance del acordado”, señalan en el comunicado.

“Esto implica que muchas personas que han perdido su empleo y han agotado sus prestaciones por desempleo, llevan meses sin ninguna protección y sin posibilidad o grandes dificultades de acceder a un empleo ante la situación de pandemia en la que seguimos inmersos”, continúa la misiva.

Según los sindicatos, este colectivo es atendido ahora “con retraso y de forma insuficiente”, además de constatar que el Gobierno incumple uno de los compromisos asumidos en el seno del Diálogo Social lo que constituye, en este caso, un pésimo precedente.

Duplicidad de subsidios

El argumento de Economía es que “no puede haber duplicidad de subsidios” y tanto gasto, cuando el Ejecutivo ya aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que “suple las mismas necesidades”, explican desde el Ministerio de Calviño.

Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital, que Podemos vende como parte de su ‘escudo social’, no ha llegado a todas las personas que lo solicitaron generándose un ‘cuello de botella’ en la Administración.

Fuentes conocedoras apuntan que la propia Díaz ha presionado para que este acuerdo con los sindicatos y la patronal llegase al Consejo de Ministros para ser aprobado. En concreto, la medida se introdujo en el orden del día el mismo lunes por la tarde-noche desde el Ministerio de Trabajo.

El equipo de Díaz defiende esta ayuda asegurando que así evitan “agravios comparativos” respecto a los trabajadores que se encontraban en ERTE y a quienes no se les exigió requisitos previos para el cobro de la prestación.

Según explicó este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el subsidio no será compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública.

Fuentes de la Administración sostienen que el desembolso que tendría que hacer el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) para hacer frente a esta nueva medida estaría por encima de los 320 millones de euros.