Nuevo choque en el Gobierno: Montero y Yolanda Díaz se enfrentan por los impuestos anticrisis

El discrepar y hacer una negociación pública no es la primera vez que sucede, recuerdan fuentes de Hacienda, y la intromisión en materia fiscal no hace nada de gracia en el ala socialista de Moncloa

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa en Madrid, este jueves. EFE/ J. J. Guillén

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. EFE/ J. J. Guillén

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Las nuevas propuestas que quiere incluir la cuota de Unidas Podemos en el nuevo real decreto de las medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania han vuelto a ser un punto de enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición. Porque, aunque estén de acuerdo «en lo esencial», como confirman fuentes de Hacienda a Economía Digital, las formas y el hacer la negociación de cara al público no han sentado bien en el entorno de la ministra María Jesús Montero.

Sobre la mesa están propuestas que van desde un cheque de 300 euros dirigidos a la población vulnerable, a una reducción al 50% del abono de transporte de manera general, pasando por la graduación de una bonificación de la gasolina según el nivel de renta o, el punto más polémico, el incremento del Impuesto de Sociedades para las eléctricas, en torno a los diez puntos y que recaudaría entre 1.500 y 2.000 millones, en cifras de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Fuentes socialistas del Gobierno reconocen que en lo mollar «están de acuerdo», pero que la complejidad reside en la articulación técnica de las medidas, puesto que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia fiscal que impide legislar mediante decreto ley. No por el contenido, recuerdan las voces consultadas por este periódico, sino por la forma. El TC ya declaró nulo el pago fraccionado del impuesto de sociedades que aprobó Cristóbal Montoro en 2016.

«Son cosas de la coalición»

Sin embargo, hay voluntad. «Algo se quiere hacer y algo se hará», admiten fuentes de Hacienda, que también reconocen el malestar por haber hecho pública la negociación por parte de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no entienden la motivación. Sobre todo, dado el estilo de negociación que tiene María Jesús Montero, «que es muy discreta».

No es la primera vez que sucede, recuerdan, y la intromisión en materia fiscal no hace nada de gracia en el ala socialista. Saben que «son cosas de la coalición», y que las medidas anticrisis ya se vienen reclamando desde la vicepresidencia segunda y Unidas Podemos desde hace tiempo, pero con el Consejo de Ministros extraordinario fijado este mismo sábado para aprobar todo el paquete, el reloj avanza y la negociación anda congelada por el momento.

Habrá recargo fiscal a las eléctricas en 2023

María Jesús Montero no se ha escondido públicamente. En una entrevista en TVE, ha mostrado sus reticencias, pero también ha asegurado que comparte el objetivo de que las eléctricas contribuyan en mayor medida a las arcas del Estado por sus beneficios «desorbitados», pero ha subrayado que las figuras tributarias tienen que tener un rendimiento «real» y, «a veces», el Impuesto sobre Sociedades no es el que aporta un mayor rendimiento.

«Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte (…) Estamos trabajando en el vehículo que permita que las eléctricas aporten más. Es más importante el qué queremos que la forma, y los técnicos son los que tienen que decir de qué manera podemos hacerlo mejor», ha precisado Montero.

En todo caso, la titular de Hacienda cree que lo que finalmente se haga debe aplicarse «a principios de un ejercicio fiscal» y ha indicado que de la elección del vehículo para elevar la fiscalidad de las eléctricas dependerá también la forma legal en que se apruebe.

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