Page se enfrenta a Sánchez y estalla contra la reforma del Código Penal

El presidente de Castilla-La Mancha anuncia una iniciativa legislativa "que impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles" y un recurso ante el TC si se produjera un intento de referéndum en Cataluña

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la rueda de prensa el 12 de septiembre de 2022. EFE/Kai Försterling.

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El presidente de Castilla-La Mancha y varón socialista, Emiliano García-Page, no está de acuerdo con el pacto entre su partido, el PSOE, y Esquerra Republicana para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación y pretende pasar a la acción para evitar cualquier intento de un nuevo referéndum independentista catalán.

Page se ha mostrado este martes durante una rueda de prensa en Ocaña (Toledo) «muy contrario» al acuerdo para reformar el Código Penal en los términos aprobados en la Comisión de Justicia del Congreso y ha señalado que «no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena» y que el Código Penal no se puede hacer «a la medida de los culpables».

De hecho, PSOE y ERC han pactado un tercer tipo de malversación que podría beneficiar a los líderes del procés, consistente en dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba presupuestado, lo cual estaría penado, con entre 1 y 4 años de prisión, en contraste con los hasta 12 años de prisión actuales, e inhabilitación especial de 2 a 6 años.

Al respecto, Page ha augurado que «no puede salir nada bueno de una medida tan injusta para el resto de los españoles», una medida que, ha insistido, no es de izquierdas porque «no es de izquierdas apoyar desequilibrios territoriales» y no va a ayudar a resolver el problema del independentismo catalán.

Frenar consultas que no afecten a todos los españoles

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho también que las reformas del Código Penal le «duelen como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica» y se ha comprometido expresamente a presentar en las próximas semanas una iniciativa legislativa «vacunada contra cambios de opinión» que «impida consultas que no afecten al conjunto de los españoles«, en clara referencia a un posible nuevo referéndum independentista en Cataluña.

De hecho, ha ido más allá y ha anunciado que está dispuesto a presentar una iniciativa para «denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos», ha defendido.

«Tengo la obligación de decir lo que pienso. En diputados y senadores ni pincho ni corto, pero como presidente autonómico me comprometo a presentar esta iniciativa», ha defendido, al tiempo que ha dicho que el PSOE es el único partido que incluye la ‘E’ de España en su nomenclatura y «dejaría de tenerla si negocia algo que compete a todos los españoles».

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