Podemos se queda sin medidas para presionar a Sánchez con los PGE
La última triquiñuela de los morados consiste en pedir ahora la subida del impuesto de sociedades a las grandes rentas y corporaciones porque "recibirán pronto los fondos europeos"
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / EFE
Pedro Sánchez desmonta el discurso de Podemos y les deja sin propuestas económicas de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente ha decidido posponer la subida del salario mínimo para después del verano, tampoco contempla una reforma fiscal en 2022, ni cede en la regulación de los alquileres, tal y como exigen sus socios.
Las principales banderas que articula Podemos han caído en saco roto dentro del Ejecutivo y se avivan las tensiones como en tiempos del ex vicepresidente Pablo Iglesias.
Según ha podido saber Economía Digital, en Unidas Podemos existe un profundo malestar porque los socialistas no les ‘compran’ ni un compromiso para sacar adelante de cara a la negociación de los PGE. Lo que devuelve a los morados a las más absoluta insignificancia y les resta ese deseo de «partido útil» que ellos mismos reivindican.
La gran batalla: la reforma fiscal
La reforma fiscal es, en estos momentos, la gran batalla dentro del Gobierno de coalición. Los morados exigen incluir en las cuentas públicas una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, un caballo de Troya que ya fue motivo de discusión en los PGE de 2020 con Iglesias a la cabeza.
En la anterior ocasión, los socialistas ganaron la partida por la crisis. La medida quedó aplazada y los morados consideran que ahora «es el momento para hacerlo», explican a ED.
Desde el PSOE se muestran más cautos y señalan que prefieren esperar a la conclusiones del Comité de Expertos para mover ficha sobre este asunto. Los socialistas desvelan que el estudio «aún tardará» y por ello, apuestan por llevar esa reforma a posteriores proyectos de ley.
Desde Hacienda recuerdan que «los nuevos impuestos sólo se pueden crear vía proyectos de ley mientras que los ya en vigor se pueden modificar vía presupuestaria». Por lo tanto, se trata de un debate que estará presente entre las dos formaciones a lo largo de los próximos meses.
La última triquiñuela de Podemos
Unidas Podemos, por su parte, no quiere irse de vacaciones de verano sin ver avances al respecto y en esta semana ha adelantado movimientos. Los morados exigen ahora a los socialistas cumplir con uno de los puntos del Gobierno de coalición (10.2) que señala al impuesto de sociedades: «se reformará garantizando una tributación mínima del 15 por ciento de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18 por ciento para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos».
El texto supone un ‘hachazo’ a los grandes contribuyentes por el incremento en dos puntos de los tipos impositivos sobre la base general para aquellos que tengan rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Desde Podemos insisten en que «ahora es el momento» porque «esas empresas se van a beneficiadas con los fondos europeos», sentencian. Otra excusa a la que agarrarse para saltarse el comité de expertos.
La ‘guinda’ de los morados a estos planteamientos es la propuesta que realizó esta semana el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, presentando una enmienda al real decreto ley de gestión de esos fondos para impedir que la empresas, en referencia a las grandes del Ibex 35, reciban estos recursos si presentan impagos por encima de los 60 días legales con pymes y autónomos que sean sus proveedores.
La medida ha sido acordada con la que se considera la ‘nueva patronal progresista’ en defensa de las pymes, Conpymes, en cuya puesta de largo estuvo la ministra Yolanda Díaz y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Una propuesta que prefiere no ser analizada desde el Grupo Socialista en el Congreso y se remiten a la espera del comité de expertos para valorar la aplicación o no de la medida y, de paso ganar tiempo frente a sus socios.
Subida del SMI para después del verano
Pero no solo la reforma fiscal crea dolores de cabeza en Moncloa. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) volvería a ser la eterna discrepancia entre PSOE y Unidas Podemos.
Pedro Sánchez se habría decantado esta vez hacia el lado de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en lugar de Yolanda Díaz, y habría dado luz verde a que la subida del SMI se retrase esta vez hasta después del verano. Un deseo de la parte socialista con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza.
Díaz prometió a los sindicatos una subida inmediata del SMI para este verano y reforzar aún más estos meses de vacaciones. Pero sus deseos se han chocado con Calviño, quien aseguró esta semana que «estamos en un momento de elevada incertidumbre, nuestra prioridad es impulsar la recuperación económica y la creación de empleo». La patronal CEOE se pone de parte de la vicepresidenta segunda y recuerda que «no es buen momento ahora».
La parte socialista insiste en dar más margen para evitar la menor turbulencia en la recuperación tras el golpe sanitario, económico y social causado por la pandemia y se muestran rotundos respecto a los deseos de Podemos.
Inmovilismo en la Ley de Vivienda
El inmovilismo se ha adueñado esta vez de los dos socios de Gobierno respecto a la Ley de Vivienda. Ninguno de los dos cede respecto a la regulación de los alquileres. La pieza mollar por la que no terminan de cerrarse las negociaciones que mantienen los equipos técnicos y los ministros de Transportes, José Luis Ábalos y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Podemos rechazó esta semana la última propuesta socialista, un mecanismo excepcional destinado a evitar subidas en los alquileres. Según Belarra, «no cumple con el acuerdo de Gobierno», porque la medida permitiría que un alquiler de 1.000 euros aumentase hasta los 1.100.
Recientemente Podemos aceptó congelar los alquileres, pero consideraba que esto era «insuficiente». La formación de Belarra se inclina por recurrir al modelo europeo, ese que hizo caer al Gobierno de Suecia, y también pone como ejemplo Cataluña, cuyo caso está siendo estudiado por los tribunales.
«En Cataluña, después de casi un año de aplicación, han bajado los alquileres casi un 5% en las zonas reguladas mientras que en las zonas no reguladas siguen creciendo», defendió Belarra.
La parte socialista en el Gobierno se desespera y ya no sabe cómo hacer entrar en razón a sus socios. El Ministerio de Ábalos da por zanjada esta discusión después de haber acordado incluir la prohibición de subir las rentas más allá del IPC en las zonas declaradas «tensionadas», es decir, con fuertes subidas.
De ahí que el rifi-rafe continúe sobre una norma que iba a dar a luz en el primer trimestre de este año y que ya se prolonga la negociación más allá de la salida del ex vicepresidente Pablo Iglesias.
La tensión comienza a aumentar en el seno del Gobierno por la imposibilidad que tienen los morados de sacar adelante sus propuestas. La negociación de los PGE será «tensa», según auguran algunas fuentes, y ambos partidos comienzan a preparar sus exigencias para que a nadie le pille la mesa bilateral con el pie cambiado de cara al nuevo curso.
