El PP se aferra a la división de la patronal para justificar su ‘no’ a la reforma laboral

El Partido Popular votará en contra de la reforma laboral que ha diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que el texto ha logrado aunar los apoyos tanto de los sindicatos como de la patronal. La formación de Pablo Casado ha recurrido a la división interna que ha despertado la negociación entre los empresarios para justificar su ‘no’ al nuevo marco normativo cuando pase por el Congreso.

La CEOE ha dado su brazo a torcer tras nueve meses de negociaciones con el equipo de Yolanda Díaz, pero el resultado no ha sido unánime. El apoyo ha salido adelante con la abstención de dos de sus mayores afiliados: Foment del Treball y la Confederación Empresarial de Madrid. También ha generado dudas entre algunas secciones de la automoción o la agricultura que no la ven con buenos ojos.

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha ratificado que su grupo votará en contra de la normativa y ha argumentado su postura precisamente con esta división. «La patronal ha firmado ese acuerdo pero no ha habido consenso», ha expresado en una entrevista en Televisión Española.

El diputado popular ha advertido de que el texto que se ha acordado en la mesa de negociación no permitirá aumentar la competitividad de las empresas después de la crisis económica del coronavirus, ni tampoco generar más empleo en el país. «Lo piensa gran parte de la patronal también», ha expuesto.

«No creemos que esta contrarreforma dé solución a los problemas del mercado laboral»

Su rechazo a la nueva ley mantendrá al Partido Popular fiel al texto que redactó el Gobierno de Mariano Rajoy al inicio de su primera legislatura y al que atribuyen la contención del desempleo durante la pandemia. «La reforma de 2012 funcionó muy bien. Llegó a crear casi tres millones de empleos», ha expuesto de Olano.

El PP cuestiona la fórmula del Gobierno para acabar con la temporalidad

Una de las claves para desencallar el acuerdo ha sido el de limitar la temporalidad, que representa uno de los grandes problemas del mercado laboral en España. El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal han resuelto que el máximo de duración de los contratos temporales pasará de cuatro años a 12 meses, con el objetivo de fomentar los empleos indefinidos.

Paralelamente, también han regulado la situación de los denominados fijos-discontinuos. Este tipo de contratación se adaptará a las necesidades del tejido productivo para atender las oscilaciones de la actividad empresarial. Algo que estará contemplado para aquellos puestos de trabajo marcados por su naturaleza estacional.

Desde el Partido Popular ya han advertido que estas condiciones impedirán que se acabe de una forma real con el hándicap de la temporalidad, ya que los empleados dejarán de contabilizar como temporales para sumarse a la bolsa de fijos discontinuos. El vicesecretario de Participación ha calificado este movimiento como una estrategia de «estadísticas».

«No es solucionar el problema del trabajador, que va a trabajar unos meses y el resto del año no va a poder hacerlo», ha reafirmado de Olano.