Sánchez se abre a más concesiones a sus socios para seguir en Moncloa y evitar el adelanto electoral

Sin haber cumplido los dos años de legislatura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en un punto de no retorno de su mandato y pasa por su momento de mayor descrédito sin una mayoría clara en el Congreso de los Diputados que permita una salida fácil y aguantar los dos años que le restan al frente de La Moncloa.

La crisis desatada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula a dos de sus secretarios de Organización (el ‘número tres’ del partido), José Luis Ábalos y Santos Cerdán, con el cobro de ‘mordidas’ vinculadas a contratos de obra pública ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Cerdán, pieza clave en el partido, era, hasta el jueves por la mañana, de la máxima confianza del secretario general del PSOE. Y, aunque Sánchez ha circunscrito su labor a la formación y no al Ejecutivo, era también el enlace en la relación con Junts y con EH Bildu, dos partidos cuya relación estaba muy engrasada y que ahora carecen de un referente socialista.

El presidente ha decidido liderar él mismo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura en noviembre de 2023, empezando por su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la tarde del lunes. En una rueda de prensa en Ferraz tras una larga reunión de su Ejecutiva, de más de cinco horas, Sánchez reiteró la continuidad del Gobierno, que no hará un cambio de caras en los Ministerios y que tampoco adelantará los comicios ni forzará un ‘Superdomingo’ electoral en 2027, haciendo coincidir municipales, autonómicas y generales.

«El Gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales y el PSOE mantiene su hoja de ruta y compromisos asumidos en el debate de investidura», dijo el líder socialista.

Sánchez ya anticipó que en las reuniones de los grupos parlamentarios servirán para «conocer sus propuestas» y «estudiar con ellos acciones complementarias». «Les puedo garantizar, y es lo que les trasladaré a todos los grupos parlamentarios, que el PSOE adoptará todas las medidas que sean útiles», insistió.

La vicepresidenta Díaz, para quien las explicaciones de Sánchez hasta ahora han sido «insuficientes», ya planteó sus exigencias tras encontrarse con el jefe del Ejecutivo. En cuanto a la limpieza democrática, planteó eliminar los aforamientos y, también, una reforma de la ley de contratos del sector público para evitar que las empresas que han participado en tramas de corrupción puedan participar en los procesos con la Administración, sea el nivel que sea.

«Estos días hemos escuchado que la corrupción es inevitable, que todos los políticos son iguales. Esto es rotundamente falso. Todos los políticos no somos iguales. Soy una persona limpia. Hay cinco ministros que somos limpios. Representamos un espacio limpio en el que jamás hemos tenido un caso de corrupción», ha insistido, en referencia a sus correligionarios de Sumar.

Díaz ha sacado el compromiso de que la comisión evaluadora del acuerdo de Gobierno va a reunirse en fechas próximas con el objetivo de relanzar la coalición e impulsar algunas normas de la cuota de Sumar que, a la hora de la verdad, no terminan de llegar al Consejo de Ministros, como el Estatuto del Becario.

Sin aflojar en la presión a sus socios socialistas, lo cierto es que la tensión de este lunes es menor que la del pasado jueves, cuando estalló el escándalo y se conoció el informe de la UCO sobre el ‘número tres’ del PSOE. Fuentes de la Vicepresidencia segunda así lo señalan y apuntan a que Sánchez habría trasladado «garantías» de que no va a haber ministros actuales involucrados. Aunque, recuerdan, también les dieron garantías sobre Cerdán.

Hacia fuera de la coalición, el Gobierno tiene aún pendientes numerosos compromisos adquiridos en los acuerdos de investidura con sus principales socios. Así, por ejemplo, con el PNV queda pendiente completar el Estatuto de Gernika y, entre las competencias pendientes para el traspaso, se encuentra la crucial gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una línea roja que bordea la constitucionalidad y una vieja reivindicación de los ‘jeltzales’ que, hasta ahora, no se había planteado.

Con Junts, si bien la Ley de Amnistía era una de sus principales reivindicaciones, aún queda pendiente la conocida como ‘amnistía política‘. Es decir, la foto con Carles Puigdemont, una barrera que aún no se había cruzado y una bala que los socialistas se reservaban para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que querían abrir cuanto antes de cara a 2026.

Además, tanto con Junts y ERC los socialistas se comprometieron a actualizar el sistema de financiación autonómica (con ERC, de cara a la investidura de Salvador Illa en 2024, pactaron la conocida como ‘financiación singular’ para Cataluña) y también a la quita de deuda.

Sobre el sistema de financiación, más allá de que la Generalitat (ahora en manos de los socialistas) vaya a presentar una propuesta para recaudar el 100% de los tributos y pagar una parte al Estado antes de que termine junio, tampoco ha habido demasiados avances. La condonación ya está más avanzada y ya ha pasado un trámite de consulta pública antes de redactar el proyecto de ley y enviarse al Consejo de Ministros para su estudio.

«Vamos a actuar como estamos actuando, como la oposición, por cierto, no actúa. Pero no nos vamos a confundir en nuestro objetivo, que es avanzar en derechos, consolidar una agenda progresista de transformaciones defendiendo la paz donde hay guerra hoy en el mundo y la convivencia entre ciudadanos y entre territorios», zanjó Sánchez.

Quien ya ha anunciado que no acudirá a la rueda de consultas es Podemos, que considera que sería blanquear a un partido «corrupto». Sus cuatro escaños son claves y podría ser la exministra Ione Belarra quien cause la caída de la coalición.