Jornada de 35 horas para funcionarios: a quién afecta y cuándo se implanta
Los funcionarios luchan por una subida en sus salarios
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El Gobierno español ha activado finalmente el procedimiento para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, una conquista histórica que beneficiará a unos 250.000 funcionarios públicos y cumple el compromiso adquirido hace tres años en el Acuerdo Marco para modernizar la administración.
El Ministerio de Función Pública notificó recientemente a los sindicatos mayoritarios –Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y Funcionarios– el inicio de los trámites, que arrancarán con reuniones de la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los próximos 10 y 11 de febrero para informar a los responsables de recursos humanos de todos los departamentos ministeriales.
Posteriormente, la propuesta se elevará a la Mesa General del sector público estatal, donde se negociará con los representantes sindicales la implantación efectiva, que podría materializarse a finales de febrero o principios de marzo de este año 2026, sin ningún recorte salarial para los afectados y adaptándose a las particularidades de cada centro de trabajo.
De 37,5 a 35 horas: 250.000 funcionarios afectados
La medida supondrá una reducción de 2,5 horas semanales –pasando de las 37,5 horas actuales a las codiciadas 35– para los 246.418 empleados públicos que forman la Administración General del Estado según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, abarcando desde el personal civil de los ministerios hasta los organismos autónomos y delegaciones territoriales.
La Secretaría de Estado de Función Pública está elaborando ya un borrador de instrucciones sobre horarios y organización del trabajo que se ajustará a las necesidades operativas de cada oficina, garantizando la continuidad del servicio público mientras se mejora la conciliación familiar y personal de los trabajadores.
Los sindicatos celebran esta equiparación con comunidades autónomas y ayuntamientos –que recuperaron las 35 horas entre 2018 y 2020 condicionadas a la estabilidad presupuestaria–, eliminando una discriminación histórica que generaba tensiones territoriales y demandas recurrentes ante los tribunales.
La implantación se hará mediante real decreto o instrucción ministerial directa, evitando depender de los Presupuestos Generales del Estado que podrían retrasarse por tensiones parlamentarias.
Calendario acelerado
El proceso arranca con extrema celeridad: el 10 de febrero, la Comisión Superior de Personal informará a subsecretarios y directores de personal de los ministerios sobre la modificación horaria; al día siguiente, la Comisión Permanente coordinará la implementación práctica en los distintos niveles administrativos.
La negociación final en la Mesa General del sector público estatal, prevista para mediados de febrero, definirá las excepciones por servicio esencial y las adaptaciones sectoriales, con los sindicatos confiando en una entrada en vigor para marzo de 2026.
Un colectivo en el limbo son los funcionarios de prisiones, unos 20.000 efectivos que, aunque adscritos formalmente al Estado central, cuentan con una mesa de negociación propia debido a las particularidades de sus turnos rotatorios y entornos de alta peligrosidad; los representantes sindicales exigen su inmediata equiparación a las 35 horas, pero la decisión final dependerá de las negociaciones específicas en su ámbito.
Esta hoja de ruta responde a la presión sindical acumulada tras años de retrasos, con Comisiones Obreras y UGT recordando que el pacto de 2022 tenía vigencia hasta finales de 2024 y que la demora se debía a bloqueos presupuestarios.
