Madrid facilita el acceso a la vivienda protegida: solo pedirán 5 años de empadronamiento para alquilar
La medida busca facilitar el acceso a la vivienda protegida y adaptar la normativa a las nuevas realidades residenciales en la región
La medida busca facilitar el acceso a la vivienda protegida y adaptar la normativa a las nuevas realidades residenciales en la región
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La Comunidad de Madrid prepara un cambio relevante en su política de vivienda pública. El Gobierno regional rebajará de diez a cinco años el tiempo mínimo de empadronamiento exigido para solicitar un alquiler en una vivienda protegida, según anunció este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.
La medida se enmarca en el nuevo Reglamento de Vivienda Pública que el Ejecutivo autonómico prevé aprobar el próximo mes de julio, tal como adelantó la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El objetivo es adaptar la normativa a la realidad actual del mercado residencial y facilitar el acceso a la vivienda protegida, especialmente en régimen de alquiler.
Un requisito más flexible para el alquiler protegido
Rodrigo explicó que el Ejecutivo regional pretende reducir a cinco años el empadronamiento exigido cuando se trate de viviendas protegidas en alquiler. Además, el requisito no se aplicará en determinados modelos residenciales, como residencias de estudiantes o fórmulas de vivienda compartida.
“Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler”, señaló el consejero, quien añadió que el reglamento sigue abierto a enmiendas antes de su aprobación definitiva.
La Comunidad de Madrid mantiene el criterio general de diez años de empadronamiento para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, aunque se introducirán excepciones para garantizar mayor flexibilidad y seguridad jurídica.
Excepciones para proteger compromisos previos
Desde la Consejería de Vivienda han detallado que no se exigirá el periodo de empadronamiento a quienes, antes de la entrada en vigor del reglamento, hayan adquirido compromisos vinculados a la compra de vivienda protegida. Entre estos supuestos se incluyen: los contratos de compraventa u opción de compra firmados, títulos de adjudicación ya otorgados, aportaciones económicas realizadas a cuenta del precio de la vivienda y miembros de cooperativas que hayan desembolsado cantidades para adquirir suelo o vivienda.
Asimismo, cuando el requisito de empadronamiento sí sea exigible, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia, lo que facilitará el acceso a la vivienda protegida a familias y parejas con trayectorias residenciales diversas.
Según el Gobierno autonómico, estas modificaciones buscan reforzar la seguridad jurídica y proteger a quienes ya habían asumido compromisos económicos, evitando que cambios normativos perjudiquen sus expectativas.
Un marco adaptado a la realidad actual
Durante el Pleno, Rodrigo subrayó que el nuevo reglamento pretende definir un marco regulatorio de la vivienda con protección pública que se ajuste a las necesidades actuales. Entre los objetivos principales destacan desde impulsar la construcción de vivienda protegida, facilitar su gestión administrativa, incrementar la oferta pública disponible y adaptar la normativa a nuevas fórmulas residenciales.
El consejero defendió que la actualización normativa permitirá responder a la evolución del mercado y a los cambios en las formas de convivencia, como el auge de viviendas compartidas o residencias temporales vinculadas a estudios o empleo.
Simplificación administrativa para acelerar trámites
Otra de las novedades del reglamento será la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con la vivienda protegida. El Ejecutivo autonómico prevé incorporar la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas, así como agilizar trámites como el visado de contratos de acceso.
Con estas medidas, buscan reducir tiempos de gestión y facilitar la puesta en el mercado de nuevas viviendas protegidas, un aspecto clave en un contexto de alta demanda y escasez de oferta asequible.
Debate político en la Asamblea
El anuncio se produce en un contexto de confrontación política durante la sesión de control. Rodrigo defiende que la Comunidad de Madrid apuesta por el arraigo de los residentes y por garantizar oportunidades de acceso a vivienda pública, mientras criticó las propuestas del PSOE en materia migratoria, que, según afirmó, supondrían regulaciones masivas sin beneficios para los madrileños.
Estas declaraciones reflejan el tono político que acompaña el debate sobre vivienda, uno de los asuntos prioritarios en la agenda pública regional ante el aumento de precios y las dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
Hacia un acceso más ágil y realista a la vivienda
La reforma del reglamento de vivienda protegida forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para ampliar la oferta y mejorar el acceso a viviendas asequibles. Según el consejero, el primer plan de choque con medidas de impulso a la vivienda ya se ha cumplido en un 95 %, lo que refuerza la hoja de ruta del Gobierno regional.
La reducción del requisito de empadronamiento para el alquiler protegido pretende facilitar la movilidad residencial y responder a una sociedad cada vez más dinámica, donde los cambios laborales y formativos obligan a trasladarse con mayor frecuencia.
Si finalmente se aprueba en los términos anunciados, la medida podría beneficiar a miles de residentes que, pese a llevar años viviendo en la región, no alcanzaban el requisito de diez años exigido hasta ahora. Con ello, la Comunidad de Madrid busca avanzar hacia un modelo de vivienda pública más accesible, flexible y adaptado a las necesidades reales de la población.
