El nuevo apoyo del Gobierno a las mutuas enciende las críticas de los funcionarios

El reciente anuncio del Gobierno de España de destinar 147 millones de euros adicionales a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ha despertado fuertes críticas entre funcionarios y profesionales del sector sanitario, que denuncian que la medida se queda corta y no aborda los problemas estructurales que desde hace años lastran el modelo.

El aumento sostenido del gasto en Incapacidad Temporal (IT) —que ha superado los 10.000 millones de euros en 2024, con un crecimiento del 18,6%— ha tensionado gravemente el funcionamiento de las mutuas, responsables ya de gestionar dos tercios de este presupuesto. Sin embargo, para muchos expertos y representantes laborales, la respuesta del Ejecutivo vuelve a ser reactiva, puntual y carente de ambición reformista.

Un modelo tensionado sin una hoja de ruta clara

Según denuncian desde distintos colectivos profesionales, esta nueva dotación económica no resuelve la falta de sostenibilidad ni profesionalización de unas entidades que, pese a asumir una carga creciente de trabajo, no disponen de herramientas suficientes para garantizar un servicio eficiente y de calidad.

“Se trata de un nuevo parche contable para maquillar el balance, pero no hay intención de afrontar la raíz del problema”, lamentan desde el ámbito sindical.

La crítica se centra en la ausencia de una visión estructural y a largo plazo: no existe un modelo claro de gestión de las mutuas, ni se dimensionan adecuadamente los recursos para cumplir con las competencias que les son transferidas desde lo público.

Falta de medios y condiciones laborales precarias

Uno de los puntos más señalados por los profesionales de las mutuas es la imposibilidad de contratar y retener talento sanitario. Las restricciones presupuestarias impuestas por el modelo actual impiden reforzar las plantillas en un momento de máxima demanda. Esto afecta directamente a la calidad del servicio, ya que sin médicos, enfermeros, fisioterapeutas y técnicos cualificados, es imposible atender con eficacia a los trabajadores en situación de baja.

Las condiciones laborales también están bajo mínimos. Los salarios llevan más de una década sin actualizarse en línea con el coste de la vida, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% desde 2010. A esto se suma la falta de una carrera profesional reconocida y una maraña jurídica que genera inseguridad entre los empleados del sector.

“Somos trabajadores de mutuas, no funcionarios ni entidades públicas, y sin embargo, estamos atrapados en un modelo híbrido que no nos permite avanzar”, denuncian los representantes sindicales.

Los colectivos profesionales y sindicatos reclaman al Gobierno un plan ambicioso y estructural que ponga fin a la precariedad y dote de estabilidad a un sistema que es esencial para la salud laboral en España. Entre sus principales demandas destacan:

La eliminación del condicionante de la masa salarial para recuperar el terreno perdido en estos últimos 15 años.
Un presupuesto adecuado que permita contratar, atraer y fidelizar profesionales, especialmente sanitarios.
La recuperación de las carreras profesionales, instrumento clave para retener talento y mejorar la motivación de las plantillas.
Claridad jurídica y normativa: exigen que se reconozca la naturaleza específica de las mutuas como entidades privadas colaboradoras con la Seguridad Social, con derechos y obligaciones propias.
Una reforma global del modelo de mutuas, que garantice viabilidad, sostenibilidad y dignidad laboral.

La sostenibilidad de la salud laboral, en juego

Desde el sector insisten en que no basta con inyecciones puntuales de dinero si no se abordan las debilidades estructurales. La salud laboral de millones de trabajadores y el funcionamiento de un sistema que canaliza gran parte de la incapacidad temporal del país no puede seguir dependiendo de soluciones de emergencia.

“No queremos parches para salir del paso. Queremos un proyecto sólido, duradero, con visión de futuro”, subrayan con contundencia. La petición es clara: compromiso político, presupuesto realista y voluntad para transformar de raíz un sistema que, si no se reforma, corre el riesgo de colapsar.

La pelota ahora está en el tejado del Gobierno. Porque más allá de los millones aprobados, la verdadera cuestión es si existe voluntad de modernizar de forma efectiva un engranaje vital para el sistema sanitario y el bienestar de los trabajadores españoles.