Llorca sigue los pasos de Ayuso y aprueba un plan para construir 240.000 viviendas

Juanfran Pérez Llorca ha seguido a Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda y ha presentado una solución inédita en España. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid presentaba un plan para que las declaraciones responsables agilizaran los planes de construcción, el presidente valenciano prepara una modificación legislativa que permitirá construir 240.000 viviendas en suelos dotacionales, es decir, parcelas reservadas para centros de salud, bibliotecas o escuelas infantiles.

Llorca dijo ayer durante su conferencia en el Forum Europa: «El problema de la vivienda se tiene que solucionar haciendo más vivienda«. Es la postura del PP, que ha detectado dos problemas críticos: la lentitud en la construcción y la escasez en la oferta de suelo. El primer escollo es el que ha intentado subsanar Ayuso y los promotores están retrasando sus proyectos para beneficiarse de la nueva ley madrileña.

Además del plan simplifica de la Comunidad Valenciana, sobre el que se está profundizando durante toda la legislatura, ahora Llorca ha abierto otra forma de aumentar la oferta de vivienda. Se trata, según explicó ayer, de que en suelo donde estaba previsto realizar «un centro de salud o una escuela infantil» se construya viviendas encima de la dotación pública «dejando el bajo para el uso que estaba previsto» el solar.

La Generalitat Valenciana ha realizado un estudio del suelo potencial que puede acoger esta figura en la Comunitat Valenciana. Según las cifras que maneja la Dirección General de Urbanismo y las que ha tenido acceso Economía Digital, el suelo urbano que puede acoger futura vivienda asciende a 8.000.000 de metros cuadrados.

Estas cifras permitirían construir en suelo urbano un total de 240.000 viviendas de 100 metros cuadrados de techo. Esta medida se considera una «respuesta directa a la crisis de vivienda» ya que permite al Consell demostrar capacidad de actuación inmediata ante uno de los principales problemas sociales y refuerza el mensaje de que la Generalitat no espera a grandes planes urbanísticos, sino que activa herramientas rápidas para generar vivienda.

Esta será la medida estrella del plan de Llorca, ejecutado Vicente Martínez Mus, su vicepresidente tercero y conseller de de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, y que formará parte de una reforma legislativa que se debatirá en Les Corts Valencianes tras el verano.

Los ejes de la ley de suelo valenciana

La futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana entrará en Les Corts en septiembre con una idea de fondo: ordenar el urbanismo valenciano sin añadir más capas de complejidad a un sistema que, durante años, ha acumulado normas, informes, trámites y documentos hasta convertirse en una maquinaria demasiado lenta. El gobierno valenciano plantea una ley que no busca rebajar garantías, sino hacer que cada trámite tenga sentido y que cada administración intervenga sólo cuando aporta valor.

El primer eje es regular mejor, no regular más. La nueva norma parte de la constatación de que cada regulación aprobada en los últimos años pudo tener su lógica, pero el resultado conjunto ha sido un modelo excesivamente complejo. La apuesta, por tanto, no es eliminar controles, sino depurar el sistema para distinguir entre lo que protege el interés general y lo que simplemente añade burocracia.

El segundo eje pasa por recuperar un Plan General más estratégico. La propuesta de la Generalitat es que los planes generales dejen de intentar regularlo todo y se concentren en lo esencial: el modelo de ciudad, el modelo territorial, las grandes infraestructuras, los espacios protegidos y los elementos estructurales del municipio. Los detalles quedarían para instrumentos posteriores más flexibles, con el objetivo de evitar planes rígidos, difíciles de modificar y condenados a quedarse desfasados.

El tercer eje es la simplificación administrativa para ganar agilidad. La ley vincula la agilización no sólo a la reducción de plazos, sino a la claridad de los procedimientos. El objetivo es reducir cargas innecesarias, ordenar mejor los informes sectoriales y facilitar que los ayuntamientos puedan adaptar su planeamiento cuando lo necesiten. La filosofía es que el urbanismo sirva para transformar la realidad, no para bloquearla.

El cuarto eje aborda la protección ambiental desde una óptica de proporcionalidad. El texto deja claro que la protección ambiental no se cuestiona, sino que se pretende coordinar mejor con los procedimientos urbanísticos. No todos los planes tienen el mismo impacto y, por tanto, no todos deberían soportar las mismas exigencias. La idea es mantener garantías ambientales, pero evitar trámites innecesarios cuando no aporten valor real.

El quinto eje introduce una visión territorial para toda la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana defiende que no se puede planificar municipio a municipio sin una mirada de conjunto, porque conviven áreas metropolitanas, municipios turísticos, zonas industriales, territorios rurales, espacios afectados por la despoblación y áreas de alto valor ambiental. Esa planificación territorial, sin embargo, no pretende sustituir a los ayuntamientos, sino orientar, coordinar y ayudar.

El sexto eje sitúa la vivienda como prioridad y el séptimo reclama una nueva cultura administrativa. La ley parte de que el urbanismo no es la única respuesta al problema de acceso a la vivienda, pero sí una parte del problema cuando los planes tardan años, el suelo no se desarrolla o los procedimientos se bloquean. Por eso incorpora herramientas para impulsar vivienda protegida —planes de vivienda protegida, planes especiales y proyectos habitacionales locales— con el objetivo de poner suelo a disposición de forma más rápida y con garantías. Todo ello se acompaña de una llamada a trabajar de otra manera: más colaboración entre administraciones, informes más útiles, menos burocracia y procedimientos comprensibles, especialmente para los municipios pequeños.