Navarro (CEV) tilda de «intervención» a las condiciones del Gobierno a la OPA hostil del BBVA al Sabadell

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, incide en que la OPA se decida en función del "interés general de mantener el empleo, las oficinas y la financiación"

Reunión de la mesa de diálogo social con la CEV, UGT, CC OO y las conselleras Merino y Camarero

Reunión de la mesa de diálogo social con la CEV, UGT, CC OO y las conselleras Merino y Camarero

Salvador Navarro, presidente de la CEV, ha tildado las condiciones que el Gobierno ha impuesto a la OPA hostil del BBVA al Sabadell de «en pocas palabras, intervención» mientras ha deslizado: «no sé Europa cómo lo va a tratar».

Tras una reunión de la patronal y los sindicatos en el Palau de la Generalitat, Navarro ha explicado que el foco de la patronal valenciana se centra ahora más en la «libertad de empresa» que en la defensa del mantenimiento del Sabadell como entidad independiente ya que el presidente de la CV ha incidido en que el domicilio fiscal de la entidad ya no está en Alicante.

La postura del presidente de la patronal autonómica sobre la OPA es: «Nuestro punto de vista es muy claro. Ya con el domicilio social del Sabadell fuera de la Comunidad Valenciana, con la defensa de los puestos de trabajo como ha dicho el presidente (del BBVA) y con la apuesta de dar 5.000 millones más de créditos a las pymes, yo creo que es una decisión que tiene que tomar el BBVA y lo que digan los accionistas. No tenemos nada más que decir».

Adicionalmente, Navarro, que defiende la «libertad de empresa», apuntó «algo más. Esta consulta popular que hizo el gobierno quizá se podían hacer consultas populares para más cosas, como para subir o bajar los impuestos, la educación, para la energía. Esa consulta fue un error grave».

Desde el gobierno valenciano, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero aseguró que no quieren entrar en el «transfondo político» que ha influído en la decisión que ha tomado el gobierno de España sobre la opa del BBVA al Sabadell mientras ha abogado por mantener las premisas que desde el primer momento tuvo el gobierno de Mazón para oponerse a esta operación.

«Nuestras prioridades son tres: Mantener los puestos de trabajos y lo que queremos es los y las trabajadoras mantengan el empleo. Mantener las oficinas, porque son las que vertebran el territorio y garantizan la atención a las personas. Y garantizar la financiación a las personas, a los autónomos y las pymes», ha asegurado Camarero.

«Es eso lo que estamos defendiendo y si hay interferencias políticas, nos vamos a mantener pendientes pero no queremos entrar en la valoración política si en lo prioritario, que es el interés general de mantener el empleo, las oficinas y la financiación«, ha añadido.

Estas declaraciones llega después de que el Consejo de Ministros haya autorizado la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell pero fijando que tendrán que operar de manera autónoma durante al menos tres años.

Dicho plazo podría ampliarse hasta los cinco años con el objetivo de garantizar los cinco criterios de interés general que han motivado la intervención del Gobierno en la operación y limitando las sinergias que podrían hacer beneficiosa la compra.

El ministro de Economía, Cuerpo detalló este martes en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que la decisión está basada en cinco criterios de interés general distintos de la competencia, precisamente el ámbito que les faculta la ley para intervenir: garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial vinculados al apoyo al crecimiento y a través de la financiación de empresas; la protección de las plantillas; la cohesión territorial; los objetivos de políticas sociales a través de la obra social de las fundaciones, la protección de los clientes financieros o las actuaciones en materia de vivienda asequible; y la promoción de la I+D tecnológica.

«De cara a la protección de estos intereses, la autonomía en la gestión, que es la condición que imponemos hoy, supone una toma de decisiones efectiva, autónoma, al menos en el ámbito de la financiación y del crédito, en particular para pymes; de las decisiones relativas a los recursos humanos en el ámbito de la red de oficinas y servicios bancarios, y de la obra social a través de las fundaciones», detalló Cuerpo.

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