El Gobierno autoriza la opa del BBVA al Sabadell pero les obliga a operar de manera autónoma hasta 2028

El Consejo de Ministros ha autorizado la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell pero fija que tendrán que operar de manera autónoma durante al menos tres años, aunque puede ampliarse a cinco, con el objetivo de garantizar los cinco criterios de interés general que han motivado la intervención del Gobierno en la operación y limitando las sinergias que podrían hacer beneficiosa la compra.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la autorización del Ejecutivo a las condiciones pactadas entre BBVA y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero con el requisito adicional que impone el Gobierno: que ambas entidades mantengan una personalidad jurídica y patrimonios separados, así como autonomía en la gestión de su propiedad durante tres años.

Cuerpo ha detallado la decisión basada en cinco criterios de interés general distintos de la competencia, precisamente el ámbito que les faculta la ley para intervenir: garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial vinculados al apoyo al crecimiento y a través de la financiación de empresas; la protección de las plantillas; la cohesión territorial; los objetivos de políticas sociales a través de la obra social de las fundaciones, la protección de los clientes financieros o las actuaciones en materia de vivienda asequible; y la promoción de la I+D tecnológica.

«De cara a la protección de estos intereses, la autonomía en la gestión, que es la condición que imponemos hoy, supone una toma de decisiones efectiva, autónoma, al menos en el ámbito de la financiación y del crédito, en particular para pymes; de las decisiones relativas a los recursos humanos en el ámbito de la red de oficinas y servicios bancarios, y de la obra social a través de las fundaciones», ha detallado Cuerpo.

Como exigencia adicional, tanto BBVA como Banco Sabadell tendrán que remitir dos documentos al Ejecutivo en un plazo de entre seis y dos meses antes de que culmine el plazo de la condición, en 2028. Uno de ellos, un informe de situación sobre cómo se ha gestionado esa entidad de manera autónoma y cómo se ha contribuido a la defensa del interés general.

Otro, un Plan Estructural «que detalle a futuro en qué medida la estrategia corporativa de ambas entidades afectará a estos criterios».

En base a este último, el Consejo de Ministros podría alargar la duración de esta condición de gestión autónoma por dos años adicionales, hasta cinco años, en 2030.

Cuerpo ha defendido que los intereses y las condiciones están «promulgados y avalados» por la jurisprudencia europea son «proporcionales» y tienen un «equilibrio» para proteger el interés general.

El ministro ha explicado que la gestión de manera autónoma de las entidades supondrá «maximizar su valor de manera independiente» para conservar la riqueza de modelos de ambas entidades y dar continuidad a su política de financiación a pymes, en particular, así como el mantenimiento de las plantillas.

En el caso de que salga adelante la adquisición por parte del BBVA tras recibir la autorización de los accionistas, aunque el BBVA pueda colocar a consejeros para administrar el Banco Sabadell estos tendrán que actuar «obrando de buena fe y en el mejor interés de la entidad de la que son consejeros, maximizando el valor de ambas entidades por separado».

El Gobierno ha optado por esta vía, dice la nota del Ministerio de Economía, porque la complejidad y escala de la operación «aconseja evitar la imposición de condiciones parciales que pretendan proteger cada uno de ellos de manera aislada, cuyos resultados serían difíciles de predecir».

Con esta medida el Ejecutivo lanza un torpedo a la línea de flotación de la principal razón de ser de la operación, la sinergia entre ambas entidades, al obligar a que se mantengan de manera autónoma e impedir que se puedan unir equipos técnicos u otra clase de recursos.