El plazo del Gobierno para responder a Bruselas se solapa con la aceptación de la opa BBVA-Sabadell

El Gobierno cuenta ahora con dos meses para responder a la carta que ha remitido la Comisión Europea a nuestro país, con la apertura de un procedimiento de infracción por las condiciones impuestas por el Ejecutivo a la opa del BBVA al Banco Sabadell, un periodo que coincidirá con el plazo en el que los accionistas de la entidad catalana tendrán que decidir sobre si venden o no sus títulos a la entidad de orígenes vascos.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya estudia los borradores enviados por el BBVA para publicar antes de final de mes el folleto definitivo de la operación, lo que abriría un periodo de aceptación que se alargara hasta entrado septiembre, puesto que las entidades quieren evitar que este proceso se produzca únicamente en el mes de agosto.

Es decir, que los accionistas del Banco Sabadell habrán de tomar la decisión con la incertidumbre de si la Comisión Europea bloqueará las condiciones impuestas por el Ejecutivo, en base a la Ley de Defensa de la Competencia de 2007.

El Gobierno comunitario ya expresó sus reservas a la intervención en la opa tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. Entonces, un portavoz ya señaló que la Comisión actuaría de garante del cumplimiento de los Tratados.

La apertura del procedimiento responde al temor por parte de Bruselas de que la legislación española incumpla el Reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre requisitos de capital y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

«La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE. Asimismo, considera que estas amplias facultades discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales«, detalla Bruselas en un comunicado.

Bruselas da el plazo de dos meses al Gobierno «para responder y subsanar las deficiencias señaladas» o podría emitir un dictamen opinado, donde se explica por qué la Comisión opina que el país contraviene la normativa europea y solicita al país a informar a la Comisión de las medidas adoptadas en un plazo de otros dos meses. Es decir, que el plazo ya se ampliaría hasta pasado noviembre, ya muy lejos del punto en que pueda hacer descarrilar la operación.

En el caso de seguir adelante, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se saldaría con multas y la obligación al país a modificar las normas que considera que contravienen la legislación, en el caso de que salga adelante su recurso.

El Gobierno ha tratado de mantener la distancia y asegurar que su actuación es correcta y coherente con la normativa estatal y también comunitaria. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró cooperativo con Bruselas, aunque recordó que las leyes que Bruselas cree que no se adecúan a la legislación de los Veintisiete tienen 11 y 18 años de antigüedad, respectivamente.

«Colaboraremos de manera constructiva con la Comisión, dando toda la información y las declaraciones que sean necesarias (…) trabajaremos junto a ellos en los próximos meses, esperando que efectivamente este procedimiento pueda concluir de manera satisfactoria para todos», declaró el ministro este jueves antes de comparecer en el Senado.

En realidad, la discusión es de fondo, como demuestra el comunicado de la UE. No es una cuestión meramente de aplicación competencial, sino del objetivo de conseguir entidades más grandes para competir con otras del mismo tamaño pero de Estados Unidos o China.

«Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones», defiende la Comisión.