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Varapalo europeo: Bruselas abre expediente al Gobierno por las condiciones a la OPA de BBVA a Sabadell
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
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La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por los poderes que varias normas en la legislación española conceden al Gobierno para echar el freno a operaciones como la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell al considerar que su alcance introduce la posibilidad de actuar más allá del interés general.
Bruselas ha dado un plazo de dos meses al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez para que responda a sus inquietudes, que parte de la consideración de que transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
En la carta de emplazamiento que enviado a España, le ha instado a cumplir la normativa bancaria de la UE y las libertades fundamentales del mercado único. «La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a España por incumplir el Reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre requisitos de capital y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», recoge.
«La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», destaca.
También señala que las «amplias facultades discrecionales» restringen de forma injustificada la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. «Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria», concluye.
Apertura de un expediente sancionador
El envío de la carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver estas diferencias. No obstante, en última instancia, el Ejecutivo Comunitario cuenta con la posibilidad de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Un factor a tener en cuenta es que el proceso no tiene ningún impacto en la operación que BBVA tiene intención de acometer sobre Banco Sabadell, puesto que la preocupación de Bruselas tiene que ver con la legislación española y su desviación respecto del derecho comunitario.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía han destacado que la normativa lleva bastantes años vigentes y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones. Tal y como habilita el procedimiento, el Gobierno ha señalado que continuará «cooperando constructivamente» con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica.
Las condiciones del Gobierno a la OPA de BBVA sobre Sabadell
El consejo de ministros dio luz verde a la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años las entidades financieras mantuviese una personalidad jurídica independiente. También deben mantener separado su patrimonio y su autonomía en la gestión de la actividad.
Una vez pasen los tres años, el consejo de ministros deberá valorar la eficacia de la condición establecida y contará con la opción de ampliar su duración por un periodo adicional de dos años.
El Ejecutivo también optó por mantener los compromisos que aceptó la CNMC por parte de BBVA para dar su beneplácito a la operación y enfatizó que no se podrán llevar a cabo expedientes de regulación de empleo vinculados al proceso.
Con todo, la decisión del Gobierno está fundamentada en cinco criterios de interés general distintos de la competencia: garantizar que se cumplen los objetivos de regulación sectorial, proteger las plantillas, la cohesión territorial, la política social y la promoción de la investigación y desarrollo (I+D).
