El exministro Montoro, imputado por beneficiar a empresas gasistas
A la treintena de personas vinculadas a la trama, se les atribuyen delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental
El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press.
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El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar varias leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales cliente del despacho de abogados, Equipo Económico, que había fundado antes de formar parte del Gobierno encabezado por el popular Mariano Rajoy.
A la trama están vinculadas una treintena de personas, así como seis personas jurídicas, por la comisión de delitos como cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, según desgrana La Vanguardia.
La justicia ha acordado el levantamiento del secreto de sumario sobre una causa que se abrió hace 7 años y la notificación de la condición de investigados a Montoro y a diversos ex altos cargos en el Gobierno y la Administración Cental, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico, según la resolución.
Beneficio para las gasistas
«El uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público», recoge el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, que también evidencia que existía intencionalidad.
Las investigaciones, subraya, revelan la voluntad de aprobar «una modificación ad hoc, es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción».
También apunta a que correspondió a las empresas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) «la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el beneficio fiscal.
Por tanto, sugiere que podría haberse producido «una sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase prelegislativa de la elaboración de la ley, así como de su reglamento de desarrollo».
«Presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE», asegura.
