Caso Montoro: ¿Quería la fiscal que la Guardia Civil registrara el domicilio del exMinistro de Hacienda?
El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press.
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¿Quería la fiscal que la Guardia Civil entrara y registrara el domicilio de Cristóbal Montoro? A finales de 2022 la fiscal del caso Montoro y la Guardia Civil intercambiaron escritos en el Juzgado de Tarragona que investiga los presuntos delitos, con aparentes reproches entre ambas partes.
El 12 de diciembre de 2022, Carmen María García Cerdá, la fiscal al frente del caso que investiga las conexiones entre Equipo Económico -la consultora creada por Cristóbal Montoro en 2006-, y el Ministerio de Hacienda bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, requirió con urgencia a la Guardia Civil diversos informes.
«INTERESA de la Unidad de Apoyo a esta Fiscalía Especial de la Guardia Civil, con carácter urgente me informen de la evolución de la investigación de los hechos objeto de las diligencias de referencia (…)», reclamó en primer lugar ante el Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona.
«No obran en esta Unidad indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de Entradas y Registros», respondió la Guardia Civil a la fiscal
También exigió información sobre «el resultado de la actividad operativa que estén llevando a cabo en aras de poder interesar diligencias de investigación que permitan localizar documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables penales».
Y en tercer lugar, la fiscal requirió que, teniendo en cuenta «que en la causa está acordado el secreto de las actuaciones, y dado el tiempo transcurrido», la Guardia Civil emitiera «informe operativo para la solicitud de la diligencia de investigación consistente en la entrada y registro en los domicilios y sedes que consideren que pueden albergar documentación y fuentes de prueba relevantes para la investigación».
«Ello a los efectos de interesar la práctica de dicha diligencia antes del levantamiento del secreto, para evitar se frustre el buen fin de esta investigación», añadió la fiscal.
Unos días después, el 28 de diciembre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentó Oficio en el Juzgado de Tarragona, dirigido a la fiscal García Cerdá.
En su escrito, la Guardia Civil recordó a la fiscal ante la urgencia de sus requerimientos que, «fruto del compromiso adquirido con V.I. en las diferentes reuniones (…)», ya se preparó una solicitud «para el estudio y análisis de 397 productos bancarios de los principales investigados«, que fue entregada en el Juzgado Instructor el día 6 de mayo de 2022.
Tras no obtener respuesta del Juzgado sobre la solicitud más de un mes después, explicó la Guardia Civil en su Oficio, se trató de obtener permiso para ello. Pero se consideró que, sin obtener antes autorización de la fiscal, el Juez no lo otorgaría.
«A día de la fecha no se tiene constancia de haber autorizado el Juzgado lo solicitado«, lamentó en su escrito al Juzgado el Agente de la Guardia Civil que redactó el Oficio presentado a finales de 2022, añadiendo que de ello se deducía o bien que el permiso no fue emitido por la fiscal, o que si lo hizo fue en sentido negativo, «desconociéndose ese extremo».
La Audiencia Provincial dejó sin efecto la decisión del Juzgado de intervenir cuatro números de teléfono
A pesar de todo, la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Guardia Civil realizó «actividad operativa sobre los objetivos mientras estuvo vigente la intervención de las comunicaciones, asi como en anteriores ocasiones de forma discontinua».
Advierte la UCO a la fiscal que «desconoce los Informes de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT referenciados por VI, en los que se colige que los autores de los hechos se estarían valiendo de la utilización de estructuras societarias complejas y testaferros».
«Llegados a este punto y a tenor de lo expuesto», concluyó la Guardia Civil, «no obran en esta Unidad indicios suficientes para elaborar informe de solicitud de Entradas y Registros, máxime cuando han sido solicitadas medidas muchos menos gravosas como el análisis de productos bancarios ya referido, y no han sido autorizadas en el marco de la causa».
De acuerdo al sumario del caso Montoro, consultado por este diario, al principio de la investigación sí se autorizó la entrada y registro de dos empresas investigadas, Messer Iberica de Gases y Sociedad Española de Carburos Metálicos.
También se acordó en el Juzgado de Tarragona, en diciembre de 2021, la intervención de cuatro números de teléfono, pero el Ministerio Fiscal recurrió el auto por el que se autorizaron las escuchas, quedando dicha autorización sin efecto tras estimarlo la Audiencia Provincial.
