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Sareb debe 28.000 millones a BBVA y CaixaBank, y pierde 5.900 con el traspaso gratuito de activos a Sepes
Sareb firma un año récord de ingresos y amortiza el 44% de su deuda, pero el giro hacia la vivienda social compromete su capacidad de repago
La nueva empresa pública de vivienda tiene su origen en el Sepes.
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Sareb encara el final de su mandato con 28.132 millones de euros aún pendientes de devolución a la banca —entre ellos BBVA, CaixaBank y Unicaja— y con un agujero de 5.900 millones en ingresos potenciales tras la cesión gratuita de activos al Sepes, según los últimos resultados del año 2024 presentados por la sociedad.
La decisión, impulsada por el Gobierno como parte de su apuesta por ampliar el parque público de vivienda, se presenta como un hito social, pero deja en el aire si esta cifra se restará de la deuda o tendrán que hacer frente al pago en 2027.
El impacto es especialmente severo para Árqura Homes, la promotora de Sareb participada al 100% desde 2023. En 2024 entregó 1.650 viviendas y generó 414 millones de euros en ingresos, consolidándose como uno de los pilares de generación de liquidez, según datos registrados en sus resultados.
Sin embargo, tras el acuerdo con el Sepes, todos sus suelos fueron bloqueados para su traspaso, impidiendo su venta y cerrando una de las principales fuentes de caja para reducir deuda. El valor estimado de los activos de Árqura paralizados superaba los 800 millones de euros.
Paradójicamente, este cambio de rumbo llega en el mejor año operativo de Sareb desde su creación. En 2024, la sociedad generó 3.060 millones de euros en ingresos, un 11% más que en 2023.
Esa cifra le permitió amortizar 1.230 millones de euros de deuda senior, elevando el porcentaje repagado al 44%. No obstante, el volumen total pendiente asciende aún a 28.132 millones, una cifra crítica en caso de que el flujo de ingresos se desacelere.
La operación, anunciada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, incluye el traspaso sin contraprestación de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, mediante una cesión articulada en dos fases: primero al Patrimonio del Estado, y después a la nueva empresa pública de vivienda, sin que medie pago alguno.
El objetivo declarado es consolidar una base sólida de vivienda asequible en zonas con fuerte presión demográfica, pero las consecuencias financieras son inmediatas: La sociedad deja de ingresar 5.900 millones de euros en un momento clave.
La falta de concreción sobre si este importe se descontará de la deuda pendiente —avalada por el Estado desde que Sareb fue incorporada al perímetro público— reaviva el debate sobre quién asumirá la factura final en 2027, fecha límite de la vida operativa de la sociedad.
Según los compromisos pactados con Bruselas, si Sareb no amortiza íntegramente su deuda, será el Tesoro quien deba hacer frente a los pagos a los bonistas, con recursos públicos.
Sareb y Sepes, logros encontrados
La situación contrasta con los logros sociales alcanzados. Sareb ya supera los 9.000 alquileres sociales aprobados, con 7.000 contratos firmados y más de 2.200 familias integradas en programas de acompañamiento y empleabilidad.
En 2024, 385 personas lograron contratos de trabajo gracias a este programa. Las 7.700 viviendas actualmente ocupadas por familias vulnerables seguirán siendo gestionadas directamente por la sociedad, al menos hasta 2027.
Sin embargo, la paradoja persiste: La sociedad deja de vender activos que podrían reducir su deuda para cedérselos gratuitamente al Estado. Mientras tanto, ni el Ministerio de Economía ni el de Vivienda han concretado si el valor de los activos traspasados se descontará del pasivo ni cómo se compensará a los acreedores. «Cuando llegue el momento de ejecutar los avales, se verá«, reconocen fuentes oficiales.
A falta de un plan cerrado, la factura final podría recaer sobre el Tesoro y, en última instancia, sobre los contribuyentes. La Sareb social gana protagonismo político, pero su sombra financiera sigue proyectándose con fuerza sobre los Presupuestos del futuro.
