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El Gobierno se queda con los pisos de Sareb y deja a BBVA y CaixaBank con 5.900 millones en el aire
El Ejecutivo impulsa el parque público de vivienda con activos de Sareb valorados en 5.900 millones, pero sin aclarar si esa cesión reducirá o mantendrá la deuda pendiente con los bonistas, que ronda los 29.000 millones
La nueva empresa pública de vivienda tiene su origen en el Sepes.
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El Gobierno deja en el aire si los 5.900 millones en activos que ha transferido desde Sareb a Sepes, la empresa estatal de suelo se restarán de la deuda pendiente con los bonistas —entre ellos BBVA, CaixaBank y Unicaja— o si, por el contrario, se mantendrán dentro de los 29.000 millones que la sociedad pública aún debe.
La falta de concreción reabre un debate incómodo sobre el coste real de una operación presentada como un hito en política de vivienda, pero que podría traducirse en una pesada carga para las arcas públicas a partir de 2027.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció este martes el traspaso gratuito de 40.000 viviendas y 2.400 suelos desde Sareb a Sepes. La operación, valorada oficialmente en 5.900 millones de euros, ha sido articulada como una cesión sin contraprestación económica: los activos pasan primero a Patrimonio del Estado y, desde ahí, a Sepes, sin que el Ministerio de Vivienda desembolse fondos directamente.
A esta transferencia se suma una dotación adicional de 593 millones de euros destinada a rehabilitación y urbanización de suelo que pertenecen al Ministerio de Defensa.
Aunque el anuncio se ha vendido como una apuesta estratégica para reforzar el parque público de vivienda asequible, la realidad financiera del traspaso plantea dudas de calado. Sareb acumula una deuda total cercana a los 29.000 millones de euros, avalada por el Estado desde que la sociedad pasó a formar parte del perímetro de consolidación de la Administración Central.
Tal y como se pactó con Bruselas, si Sareb no logra amortizar esta deuda con su actividad ordinaria antes de 2027, será el Tesoro Público quien deberá asumirla. Una posibilidad cada vez más probable, especialmente tras la decisión del Ejecutivo de paralizar la venta de activos de Árqura Homes, valorados en unos 800 millones de euros.
En lugar de generar liquidez para reducir pasivo, estos suelos se incorporarán al traspaso a Sepes, tal y como adelantó este diario el pasado febrero, para destinarlos a vivienda pública, una elección que refuerza la política social pero debilita la posición financiera de la sociedad.
Desde el Ministerio de Vivienda no se ha concretado un calendario ni un mecanismo para afrontar estos compromisos financieros. Consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, fuentes oficiales admiten que «cuando llegue el momento de ejecutar los avales se verá«.
Mientras tanto, el proceso de traspaso ya está en marcha. Según avanzó este diario, Sepes ha seleccionado las primeras 10.000 viviendas que serán transferidas este año, priorizando municipios de más de 5.000 habitantes, con crecimiento demográfico superior al 5% o clasificados como zonas tensionadas.
El traspaso de Sareb a Sepes, cocinado a fuego lento
No todos los activos, sin embargo, cambiarán de manos de inmediato. Las 7.700 viviendas de alquiler social que actualmente gestiona Sareb seguirán bajo su titularidad al menos hasta 2027. La integración se realizará de forma progresiva y en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, dentro de una hoja de ruta que busca consolidar un parque público sostenible en el tiempo.
El traspaso, aunque relevante desde el punto de vista social, podría terminar ampliando la factura financiera del Estado. A falta de un plan concreto para pagar a los bonistas, la operación refuerza la intervención pública en vivienda, sí, pero a costa de tensionar aún más un endeudamiento que ya roza máximos históricos.
