BBVA y CaixaBank recibirán cerca de 25.000 millones del Gobierno en 2027 por la deuda de Sareb
La Unión Europea obliga al Estado a hacerse cargo de la deuda de Sareb con los bonistas, entre los que se encuentran varias entidades bancarias
Sareb tiene una deuda de 28.132 millones a cierre de 2024 con los bonistas.
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El Gobierno se enfrenta a un importante compromiso financiero que podría obligarle a desembolsar cerca de 25.000 millones de euros en 2027 para saldar la deuda que aún arrastra la Sareb, la sociedad creada tras la crisis financiera para dar salida a los activos tóxicos de la banca.
Esta cantidad, que deberá abonarse a entidades como BBVA, CaixaBank y Unicaja, principales bonistas de la sociedad, se convertirá en un nuevo golpe a las cuentas públicas si se confirma que, como ya todo apunta, no se logrará amortizar el total de la deuda en el plazo previsto.
La Sareb nació en 2012 como parte de la estrategia para sanear el sistema bancario español, arrastrado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, su deuda ascendía a 50.781 millones de euros. Doce años después, esa cifra apenas ha bajado a 28.132 millones, lo que supone una reducción del 44,5%.
A pesar del paso del tiempo, el ritmo de amortización ha sido lento y poco alentador. En los últimos ejercicios, la evolución del pasivo ha mostrado una tendencia descendente muy moderada: apenas 6.786 millones menos entre 2020 y 2024.
Con este ritmo, es improbable que la sociedad logre cumplir el calendario inicial, que fijaba la amortización total para 2027. En ese escenario, y tras la obligación de la Unión Europea en 2021, el Gobierno estará obligado a cubrir con dinero público cualquier deuda pendiente con los bonistas de Sareb, una condición que pone en el centro de la escena al Tesoro del Estado.
Las implicaciones de esta situación son especialmente delicadas. La deuda de Sareb no está distribuida de forma uniforme: gran parte de los bonos en circulación se encuentran en manos de grandes entidades financieras, entre ellas BBVA y CaixaBank.
Este medio se ha puesto en contacto con ambas entidades pero no han hecho comentarios al respecto.
Estos bancos, que ya absorbieron en su momento a entidades, como CatalunyaCaixa o Bankia, recibirán ahora pagos del Estado en compensación por una deuda generada, precisamente, en el rescate de aquel mismo sector financiero. En la práctica, el resultado es que el dinero público servirá de colchón final a las pérdidas de un proceso de reestructuración que no ha terminado de cerrar sus heridas.
Pero no solo el débil ritmo de amortización de la deuda amenaza las finanzas de Sareb. Las recientes decisiones políticas han añadido presión sobre sus balances.
Vivienda le ‘roba’ 5.900 millones a Sareb
El pasado 1 de julio, el Ministerio de Vivienda anunció el traspaso gratuito de activos de Sareb valorados en 5.900 millones de euros a la nueva sociedad pública de vivienda. La operación incluye unas 40.000 viviendas y cerca de 2.900 suelos, lo que supone una cesión patrimonial de gran envergadura que, si bien busca ampliar el parque público de vivienda, ha tenido un coste directo para la sociedad.
Entre los activos transferidos se encuentran los de Árqura Homes, la promotora inmobiliaria de Sareb. Su venta estaba prevista como una de las grandes operaciones del año en el mercado inmobiliario español. Según adelantó Economía Digital, la Sareb podría haber obtenido una ganancia cercana a los 800 millones de euros con la desinversión.
La cesión gratuita de estos activos ha bloqueado esa posibilidad y mermado la capacidad de Sareb para generar ingresos con los que reducir su deuda, lo que no hace más que agravar el escenario de 2027.
Una decisión legítima desde el punto de vista de la política pública, pero que tendrá consecuencias claras: el Estado, y por tanto el conjunto de los contribuyentes, asumirán una deuda millonaria que, en su origen, estaba llamada a autofinanciarse.
BBVA, CaixaBank y el resto, a la espera de la lluvia de millones
A falta de poco más de dos años para que venza el plazo, el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Y mientras el Tesoro se prepara para asumir un nuevo coste estructural, los grandes bancos del país ya vislumbran una lluvia de millones con nombre y apellidos: deuda pública que cubrirá las pérdidas de un modelo que no logró cumplir sus objetivos.
