Las eléctricas piden al PP abstenerse hoy en la votación del decreto antiapagones: 200.000 millones en juego

Este martes se vota en el Congreso de los Diputados el decreto ‘antiapagones’ del Gobierno que contiene medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el cero energético del pasado 28 de abril. Desde el sector eléctrico advierten que las medidas contenidas en la norma podrían habilitar 40.000 megavatios (MW) de conexiones a la red, que se traducirían en 200.000 millones de inversión.

El complejo panorama político complica al Ejecutivo aprobar nuevas leyes que requieran de aprobación parlamentaria. Tras la confirmación del voto en contra de Podemos, PSOE y Sumar necesitarán del apoyo o la abstención del PP para sacar adelante el Real Decreto Ley 7/2025, puesto que con el apoyo de los socios habituales no logra la mayoría simple necesaria.

Las grandes eléctricas, las renovables y la industria ya se han manifestado públicamente a favor del decreto, instando a todos los grupos parlamentarios apoyar el decreto.

Desde el sector eléctrico estiman que las medidas contenidas en el decreto se podrían habilitar conexiones por unos 40.000 MW, de los cuáles la mitad (20.000 MW) serían válidas para industria, vivienda y centros de datos, según explican fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL.

De este modo, calculan que la industria tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada MW de potencia eléctrica conectada, por lo que concluyen que de no aprobarse el decreto se estarían dejando de invertir 200.000 millones de euros.

El problema del atasco para acceder a la red es algo que las grandes eléctricas llevan denunciando en los últimos años, especialmente a través de Aelec, patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP.

Según un reciente informe de la consultora PwC titulado Análisis Real Decreto Ley 7/2025: una oportunidad para la reindustrialización, las solicitudes de acceso a la red eléctrica para la industria superaron los 18.000 MW en 2024, aceptándose solo una de cada diez solicitudes por falta de capacidad.

Con estos mimbres, se refleja que el 90% de las solicitudes no atendidas representan unos 16.200 MW retenidos de nueva demanda industrial, que también podrían estar en riesgo de quedar bloqueados si no se activan las medidas del decreto antiapagones del Gobierno.

Limitación de inversiones ante la falta de capacidad de la red

PwC explica que estos cuellos de botella se dan por la «incapacidad estructural del sistema» para dar cabida a las peticiones de la industria y la nueva demanda, lo que «amenaza la competitividad y el proceso de descarbonización industrial».

«La saturación de la red impide la electrificación de sectores estratégicos, desde la industria pesada hasta el hidrógeno renovable, además de ralentizar proyectos alineados con los objetivos climáticos. Además, la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre regiones con acceso y aquellas con nudos saturados«, sentencia la consultora.

Es por ello que ve en el decreto que quiere tramitar el Gobierno una «oportunidad» para dar un «importante empuje» a solucionar la problemática. En esta línea, desde PwC consideran que las medidas para aprovechar la red existente agilizarán la habilitación de nuevas posiciones en subestaciones.

Además, darán la posibilidad de que varios consumidores compartan posiciones en subestaciones con habilitación a los distribuidores para desplegar redes de 220 kV.

Algo «muy relevante por el hecho de permitir a los distribuidores llevar a cabo su función de acuerdo a sus competencias de conectar a la demanda».

Más poder a la CNMC y a Red Eléctrica

Ante la decisión de Podemos de votar en contra, al considerar que «no toca ni un pelo al oligopolio energético y las probabilidades de que haya un apagón son exactamente las mismas», el Gobierno necesita como mínimo la abstención del PP para poder sacar adelante una medida que cuenta con el apoyos diversos.

Se han manifestado a favor del decreto ecologistas como Greenpeace o las empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (AICE, ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID).

También lo han hecho asociaciones como AEGE y la Alianza España Verde y Conectada, así como las asociaciones de renovables AEE, APPA y UNEF y la patronal de las grandes eléctricas Aelec.

Desde el Gobierno impulsarán entre otras cosas una mayor supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo que preside Cani Fernández evaluará cada tres meses las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar servicio.

Por su parte, Red Eléctrica evaluará la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia. La empresa semipública que preside Beatriz Corredor ha estado en el centro de la polémica junto con las grandes eléctricas, enzarzándose en una guerra de informes para exculparse del apagón del 28 de abril.

El decreto también incorpora medidas de «resiliencia del sistema eléctrico» incorporando soluciones tecnológicas con la intención de robustecer el sistema a un menor coste para el consumidor, con una dotación de 750 millones de euros y un ahorro estimado de 200 millones.

Asimismo, actualiza el proceso de planificación de redes eléctricas para facilitar la conexión de generación y de consumo que tanto piden desde el sector. El almacenamiento es otro de los pilares clave del nuevo real decreto, así como medidas que beneficiarán a la industria electrointensiva.