Competencia se atasca con la regulación tras el apagón y las eléctricas piden acelerar la CNE

El Gobierno no incluyó la creación de la Comisión Nacional de la Energía en el Real Decreto-Ley de la semana pasada por las críticas de los socios

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. APIE

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha hecho un llamado al Gobierno para dotar de más recursos al organismo que permita afrontar sus nuevas competencias, justo en un periodo en que las obligaciones regulatorias en materia de energía y la investigación del apagón, además de sus tareas habituales, están llevando al límite al organismo.

Fernández lo hizo durante la comparecencia que protagonizó en el curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y coincide su petición con la tramitación legislativa de la Comisión Nacional de la Energía, un nuevo regulador que desgajará esta materia de la CNMC, y que las grandes eléctricas piden acelerar.

Cuestionada por el devenir de la CNE, Fernández aseguró que lo importante no era sacar competencias de la CNMC, sino tener gente suficiente para poder realizar las funciones de supervisión del sistema energético de manera adecuada.

«Los medios que hemos ido pidiendo nos los han ido dando pero no en la proporción necesaria para poder acometer todas nuestras funciones. Después de la pandemia y con la guerra de Ucrania, los precios de la energía, las medidas extraordinarias del Gobierno… En menos de un año se nos asignaron treinta nuevas funciones y no se nos dotó de ningún efectivo«, dijo desde el curso patrocinado por el BBVA y pocas semanas de haber concluido el análisis de la opa lanzada por esta entidad para hacerse con el Banco Sabadell.

Si bien poco después recibieron más efectivos, en la actualidad se ha producido la coincidencia del «momento álgido de periodos regulatorios» y la investigación sobre el apagón del pasado 28 de abril, por lo que «vendrían mejor dotaciones adicionales».

La CNMC se encuentra a la expectativa de que salga adelante o no la CNE, cuyo proyecto de ley se encuentra paralizado en el Congreso, después de que el Gobierno lo enviara allí el pasado mes de octubre. El Ejecutivo valoró incluir su puesta en marcha en el Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros para adoptar medidas relacionadas con el apagón, ya que una de las peticiones del comité de análisis fue la aceleración de su puesta en marcha. Pero la negativa de los socios lo dejó en barbecho.

Pero no son los únicos que quieren que esta autoridad esté lista cuanto antes. La presidenta de la patronal Aelec, Marina Serrano, urgió esta semana en el mismo foro a instaurar la CNE sin dilación.

«Cuando hay una expectativa de creación, debería hacerse ya cuanto antes», dijo la líder de la asociación que reúne a las grandes eléctricas, como Endesa o Iberdrola. «Hay una enorme carga de trabajo en el ámbito del sector eléctrico. Estamos ante una transformación del modelo y las actuaciones que debe hacer el regulador son muy significativas y relevantes», subrayó.

La Comisión Nacional de la Energía es el último gran proyecto de Teresa Ribera como titular de Transición Ecológica que no pudo ver completado por su salto como vicepresidenta a la Comisión Europea. Forma también parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, una línea roja para el socio minoritario de la coalición ya que consideraba clave la existencia de un regulador específico para este mercado. Más aún después de todas las polémicas con las empresas del sector tras la crisis de los precios de la electricidad vinculada a la invasión rusa de Ucrania.

El comité del apagón concluye que la causa del cero energético del pasado 28 de abril fue «multifactorial» y con responsabilidad, a partes iguales, de Red Eléctrica y de los operadores privados. De la empresa que preside la exministra Beatriz Corredor, porque no movilizó las suficientes centrales de control de tensión. De las energéticas, porque no hicieron bien su trabajo en esas labores de amortiguamiento.

Para evitar que esto vuelva a suceder, el Gobierno pide hacer un «análisis del cumplimiento de la normativa aplicable por parte de los órganos competentes en inspección, instrucción y, en su caso, sanción, no solo de lo ocurrido el 28 de abril, sino con carácter más amplio». Algunas de estas propuestas competen a organismos autónomos, como es el caso de la investigación y la sanción. Y aquí es donde aparece la CNE.

Este ente específico es necesario «a la vista de la elevada complejidad y especificidad del sector, la creciente abundancia y concreción de normativa técnica aplicable, la necesidad de mayor supervisión y transparencia, y la criticidad del sector para el conjunto de la sociedad, de la economía y la seguridad nacional».

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