El Gobierno aprovecha la polémica por el apagón para reactivar su supervisor energético que pueda sancionar a Red Eléctrica

El Ministerio para la Transición Ecológica se ha cansado de esperar a que los grupos parlamentarios tramiten el último gran proyecto de la exvicepresidenta Teresa Ribera y ya presionan a los grupos parlamentarios para reactivar el proceso legislativo de creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), un ente propio desgajado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde residen en la actualidad las competencias supervisoras en la materia.

El Gobierno ha aprovechado el Informe sobre el Apagón del pasado 28 de abril para poner más presión y que se acelere «la constitución y adecuada dotación» de este nuevo organismo del estado como «regulador y supervisor especializado y focalizado exclusivamente en el sector energético». Lo hace dentro de las medidas que propone esta comisión, establecida en el seno del Consejo de Seguridad Nacional y liderada por la vicepresidenta Sara Aagesen, de cara a reforzar la supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de todos los agentes del sistema. En concreto, de aquellas «asociadas al control de tensión y factor de potencia».

Es decir, el Gobierno reactiva su ‘zar’ energético con el objetivo de poder reafirmar su control sobre las acciones tanto del operador del sistema, Red Eléctrica (la cotizada semipública Redeia), como sobre las empresas energéticas, que son las propietarias de las centrales (fundamentalmente, Endesa, Iberdrola y Edp).

La Comisión Nacional de la Energía es el último gran proyecto de Teresa Ribera como titular de Transición Ecológica que no pudo ver completado por su salto como vicepresidenta a la Comisión Europea. Forma también parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, una línea roja para el socio minoritario de la coalición ya que consideraba clave la existencia de un regulador específico para este mercado. Más aún después de todas las polémicas con las empresas del sector tras la crisis de los precios de la electricidad vinculada a la invasión rusa de Ucrania.

El Gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de ley en octubre pero, desde entonces, se ha ido ampliando semanalmente el plazo para registrar enmiendas a la norma, una técnica habitual para dilatar la tramitación de algunos textos que, como es el caso, no cuentan con el aval de la mayoría parlamentaria.

El comité del apagón concluye que la causa del cero energético del pasado 28 de abril fue «multifactorial» y con responsabilidad, a partes iguales, de Red Eléctrica y de los operadores privados. De la empresa que preside la exministra Beatriz Corredor, porque no movilizó las suficientes centrales de control de tensión. De las energéticas, porque no hicieron bien su trabajo en esas labores de amortiguamiento.

Para evitar que esto vuelva a suceder, el Gobierno pide hacer un «análisis del cumplimiento de la normativa aplicable por parte de los órganos competentes en inspección, instrucción y, en su caso, sanción, no solo de lo ocurrido el 28 de abril, sino con carácter más amplio». Algunas de estas propuestas competen a organismos autónomos, como es el caso de la investigación y la sanción. Y aquí es donde aparece la CNE.

Este ente específico es necesario «a la vista de la elevada complejidad y especificidad del sector, la creciente abundancia y concreción de normativa técnica aplicable, la necesidad de mayor supervisión y transparencia, y la criticidad del sector para el conjunto de la sociedad, de la economía y la seguridad nacional».

El Ejecutivo reclama también «regular el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de evacuación, como punto crítico identificado en el funcionamiento del sistema, de cara a la exigencia de criterios de solvencia técnica y resto de requisitos exigibles, sus obligaciones frente al sistema, así como la corresponsabilidad de los agentes conectados a estas infraestructuras con el adecuado funcionamiento de estas». Otra exigencia más para evitar que vuelva a suceder como el día del apagón, cuando la operativa de REE y de las energéticas no estaba al 100%.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica reconocen que, una vez enviado al Congreso, la tramitación parlamentaria de la norma se escapa de sus manos, pero que desde Sara Aagesen tomó posesión como vicepresidenta del ramo ha sido muy insistente en la necesidad de acelerar cuanto antes esta reforma.

Este mismo miércoles, apenas unas horas después de que se colgara el documento completo con el informe sobre el apagón, la propia presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, presentó a los medios el informe propio sobre las causas de que España se fuera a negro a finales de abril. A diferencia del documento del Ejecutivo, el operador del sistema se exime de culpas y señala a las empresas energéticas por no haber puesto en marcha con las capacidades que exige la normativa las centrales que habrían soportado la sobretensión del sistema. Dedos que se señalan unos a otros para evitar posibles responsabilidades judiciales.